Cuando un contribuyente se ve obligado a pagar un impuesto que económicamente no puede cubrir, enfrenta una carga fiscal que no refleja su verdadera capacidad contributiva. Y eso es inconstitucional. No importa que la SCJN, con ánimo de congraciarse con los otros poderes de la Unión que le asignan crecientes presupuestos anuales, haya hecho en la última década arbitrarias clasificaciones de las deducciones (estructurales o no estructurales, directas o indirectas, etcétera) con la finalidad de validar cuanta ocurrencia ideé el legislador fiscal. La SCJN ha apoyado el incremento artificioso de la recaudación, afectando a las empresas y al empleo, apartándose así de criterios sólidos en favor de una tributación equitativa y proporcional.
Lee aquí el artículo completo.