La Suprema Corte revisa ya dos recursos contra baja de salarios

Los jueces y magistrados federales del país solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para que no se aplique la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, por lo que demandaron la aplicación de medidas cautelares.

Ante dicha petición, la Corte abrió dos expedientes (12/2018 y 13/2018) derivado de las consultas a trámite previsto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Los expedientes fueron turnados al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar proyectos de sentencia que serán discutidos por el Pleno, los cuales pueden trazar el camino que deben seguir los juzgadores para que emprendan su defensa legal.

Los magistrados y jueces también pidieron que se apliquen medidas cautelares para no verse afectados con alguna reducción salarial, ya que aún no se define cuánto se les pretende disminuir.

Funcionarios judiciales afirman que hay antecedentes en que la Corte ha anulado leyes por considerar que violan la autonomía judicial. La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos entró en vigor el pasado 6 de noviembre.

Mientras tanto, Ramón Lozano Bernal, titular del juzgado décimo de distrito con residencia en Sinaloa y quien concedió una suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro para que no disminuya su salario, solicitó a la Suprema Corte atraer el amparo de la juzgadora por considerar que es un asunto de interés y trascendencia.

En el mismo sentido existe otra petición de un juzgado para que la Corte conozca el caso de un secretario de acuerdos de la Ciudad de México que también se amparó contra la mencionada ley.

MILENIO publicó ayer que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación elaboró una “demanda de amparo modelo” con la que pretenden enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, afectan su autonomía.

“SE ACATARÁ SIN CHISTAR”

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la administración de Andrés Manuel López Obrador acatará “sin chistar” las resoluciones que emita el Poder Judicial sobre las leyes e iniciativas del Congreso de la Unión.

En entrevista, afirmó que los medios de impugnación están para quien considera que se ha violentado alguno de sus derechos, por lo que no hay por qué asustarse si se interponen estos recursos.

“Todos y todas en este país tenemos acceso a los recursos judiciales; al final serán los jueces, magistrados y ministros quienes resuelvan, y eso se acatará sin chistar”, dijo Sánchez, quien añadió que la Suprema Corte tiene la facultad de revisar que las nuevas leyes se apeguen a la Constitución y eso será lo que se privilegie en el próximo gobierno.

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