Una lluvia de amparos contra la creación de los llamados impuestos verdes cayó en Nuevo León.
Nueve pedreras, Petróleos Mexicanos y un hospital iniciaron un juicio de amparo contra los nuevos gravámenes, al considerar que son violatorios de sus derechos constitucionales.
Ocho de los 11 juicios de amparo fueron admitidos el pasado 7 de marzo, uno más el 9 de marzo y los dos últimos un día después, de acuerdo con información a la cual la plataforma MILENIO-Multimedios tuvo acceso.
Ayer esta casa editora reveló los primeros cuatro juicios de amparo contra los nuevos gravámenes que creó la administración estatal que encabeza Samuel García.
Juzgado Primero
Los juicios fueron interpuestos ante este juzgado del 7 al 10 de marzo por parte de Industrializadora de Caliza SA de CV, con el amparo número 307/2022; la empresa Unidad Trituradora de Allende SA, con el 306/2022; Granix SA de CV, amparo 426/2022, y Tri-do SA de CV, número 427/2022.
Además del presentado por Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación Industrial, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, recurso identificado con el número 285/2022.
- Te recomendamos Plantean Mesa de Trabajo entre gobierno de NL y pedreras para analizar impuesto verde Política
Juzgado Segundo
Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado acudió la pedrera San Ángel de Monterrey SA (amparo 286/2022) y Calizas de Calidad SA de CV (número 290/2022), ambos recursos admitidos el pasado 7 de marzo.
Juzgado Tercero
Este juzgado admitió los amparos número 292/2022 del quejoso Triturados San Jerónimo SA de CV y el 300/2022 de la pedrera Materiales y Triturados El Pilar SA de CV, el 7 de marzo pasado.
También acudieron ante el juez Calizas Trituradas Industriales SA (302/2022) y Triturados de Caliza El Fénix SA de CV (303/2022), cuyo recurso fue admitido el mismo día.
Los recursos, mediante el cual las pedreras buscan la protección de la justicia federal, considera al Congreso de Nuevo León como la autoridad responsable de haber creado un ordenamiento legal que viola las garantías constitucionales de las firmas.
En el caso de la Clínica Nova, la solicitud de amparo reclama la aprobación por parte del Legislativo de los artículos 136 a 137 Bis 5, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en los cuales se crea el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Subsuelo y/o Suelo.