Factureras creadas por ex funcionarios de gobierno estatales anteriores, que operaron en Tamaulipas hasta el 2016, ocasionaron un quebranto al erario local por más de 2 mil millones de pesos, así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas.
El titular del organismo estatal, Raúl Ramírez Castañeda, explicó que el monto total facturado entre 2012 y 2016 por las 52 empresas detectadas, que tienen en común los mismos socios, comisarios y representantes legales, suma casi 10 mil millones de pesos.
Señaló que en el fraude al erario de Tamaulipas están implicados ex funcionarios públicos estatales de anteriores administraciones, así como un ex presidente municipal y civiles.
Las empresas detectadas, de acuerdo con sus actas constitutivas registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, las cuales fueron constituidas por el mismo notario público de la capital tamaulipeca.
“Esta célula era operada por dos personas, una de ellas un conocido notario de la localidad, donde todas esas personas encontramos que eran empleados de esta notaría, que por el sigilo de las operaciones no se puede revelar el nombre”.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
Ficha roja de Interpol
Incluso, la Unidad ha solicitado Ficha Roja a la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
Se encuentran prófugos de la justicia el ex subsecretario de Egresos, Cristobal “N”; el ex secretario de Finanzas, Jorge “N” y el ex director de pagos, Jorge “N”.
“Los tres ya han sido citados y han presentado amparos y no han prosperado”, refirió Ramírez Castañeda.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, tres de ellos precautorios.
En rueda de prensa indicó que este trabajo tiene más de dos años con 100 empresas investigadas al momento. La investigación se desprende porque la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectaron seis contratos por 736 millones de pesos sin evidencia del servicio.
Aseveró que la UIFE no trae consigna ni con empresarios ni con ex funcionarios.
“También traemos del crimen organizado, empresarios e incluso de algunos actuales. Vamos por todo lo que tenga que ver con delito de cuello blanco".