En Tamaulipas hay escuelas “patito” y el estado debe iniciar una investigación para identificarlas y no ofrezcan educación sin aval de la autoridad y caigan en un fraude, aseguró la Comisión de Educación de Educación del Congreso local.
La diputada local Edna Rivera López, secretaria de dicha Comisión, informó que se han acercado diez familias para señalar que han sido timadas por pseudo escuelas de diversos niveles, desde profesional hasta básico y en toda la entidad.
“Hay muchísimas quejas y los padres de familia lo han hecho público, quienes registran a sus hijos y resulta que cuando terminaron no les entregan nada, ni documentación y tampoco certificado”.
Aseguró que personalmente ha recibido diez señalamientos contra escuelas “patito” y, al exponer esta situación a los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, los legisladores también externaron conocer la situación.
“A la hora en que les tienen que entregar su documentación, certificado de estudio, resulta que no tienen un registro de validez oficial, lo cual viene siendo un robo, una estafa”.
Ante esta problemática detectada en la entidad, la legisladora expuso la responsabilidad directa de las autoridades estatales en regular a estos planteles, no solo de nivel básico sino también de medio superior y superior.
“Es el gobierno del estado quien entrega el reconocimiento de validez oficial, entonces serán también los responsables en saber cuáles son las escuelas que no cumplen con este requisito”.
Presenta iniciativa para reformar el Código Penal
Rivera López presentó una iniciativa en el Congreso de Tamaulipas mediante la cual se solicitan reformas al Código Penal del estado, porque se buscan sanciones a quienes dirijan planteles educativos apócrifos.
Esta es la propuesta
La propuesta es prisión de 3 a 6 años a los responsables de estas instituciones sin ningún aval oficial, además de sanciones económicas que vayan de las 500 a las mil UMAS.
Refirió la diputada que se tienen detectadas la mayoría de las escuelas particulares en la entidad, de todos los niveles, así que se debe llevar a cabo la revisión de cada una de ellas con el fin de constatar que estén en regla.
“Habría que ver de esas mil 800 cuáles no tienen registro de autorización, una validez oficial y quien esté dando el servicio, mi propuesta es que haya una sanción al igual que en Nuevo León y en el Estado de México”.
EAS