Pese a que desde el año 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que ordena a los estados expedir sus leyes en la materia para garantizar a la ciudadanía un medio ambiente más sano, Tamaulipas hasta el momento no ha cumplido con esa disposición.
Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos de la Semarnat, el estado genera 3 mil 591 toneladas diarias de residuos sólidos y es el décimo estado que más produce en este rubro.
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Ante esta problemática se analiza en comisiones del Senado una iniciativa para exhortar al Congreso del Estado a cumplir con dicha disposición. Así como Tamaulipas hay siete entidades federativas también omisas.
Fue la senadora Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quien presentó la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Estado de México a expedir una legislación específica en materia de gestión de residuos.
“La gestión de residuos debe ser una prioridad nacional. Si bien es cierto que la implementación de políticas públicas en esta materia representa grandes retos debido a la escasez de recursos o la rápida urbanización, a largo plazo, esta gestión ofrece muchas oportunidades para el desarrollo sostenible, debido a que se logra una economía eficiente en recursos, socialmente inclusiva y baja en carbono, aprovechando los residuos como recurso”, se indica en la exposición de motivos.
Se expone que la gestión de residuos requiere la participación de diversos actores, pero sobre todo, de uno de los pilares centrales de la gobernanza que es la regulación directa a través de normas jurídicas.
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Se indica que México es uno de los países de América Latina que más residuos produce. La generación en el país se estima en 120,128 toneladas al día con una generación per cápita calculada fue de 0.944 kg/hab/día, de los cuales el 31.56% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento, el 46.42% a residuos orgánicos y el 22.03% a “otros”.
“Esto llevó a que en 2003 se publicara la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, cuyo objetivo es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación”.
De acuerdo con el Artículo Quinto Transitorio de esta Ley, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán expedir y, en su caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda.
Sin embargo, de los 32 estados que conforman la República Mexicana, ocho no cuentan con una ley estatal en materia de residuos. Los preceptos relativos se comprenden dentro de leyes ambientales y/o de equilibrio ecológico, por lo que dichas legislaciones al no ser específicas de residuos sólidos, sólo se limitan a ser enunciativas.
“Si bien es cierto que el sistema jurídico mexicano en materia de gestión de residuos ha avanzado, aún no se ha completado cabalmente. Por ello, es necesario continuar por esta senda del desarrollo sostenible”, subraya la iniciativa que insiste en exhortar a los congresos de los estados a expedir leyes específicas en materia de gestión de residuos. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen final.
ICGC