Debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) se tardó más de lo esperado en integrar el expediente sancionador en contra del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la presunta campaña anticipada que realizó para obtener la candidatura presidencial de Morena. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que el caso ya caducó.
En sesión pública, la Sala Especializada votó a favor de declarar la caducidad de su facultad sancionadora, debido a que la autoridad instructora, es decir el INE, tardó más de un año en convocar a los señalados, es decir, el ahora senador Adán Augusto López, así como a integrantes de Morena, a participar en la primera audiencia de pruebas y alegatos.
“En todas las denuncias que conforman la causa, ha transcurrido más de un año desde la interposición de la primera queja hasta el día en que se emplazó la primera audiencia de pruebas y alegatos, del 23 de enero de 2023 al 10 de septiembre de 2024”, dice la resolución de la Sala Especializada.
“El plazo de instrucción rebasó lo estipulado por la normativa aplicable, en el entendido de que la autoridad instructora tuvo diversos periodos de inactividad procesal, sin que se acreditara una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente para ello”, añade la sentencia.
El procedimiento especial sancionador fue iniciado derivado de diversas denuncias presentadas por el PRD, el PAN, el PRI y el ex diputado y ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en contra del entonces titular de la Secretaría de Gobernación a quien acusaron de incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
Las denuncias señalaban que López Hernández emprendió una estrategia de promoción para obtener la candidatura a la Presidencia de la República mediante la celebración de eventos, pinta de bardas, espectaculares, lonas, vallas móviles, distribución de propaganda, entrevistas y publicaciones en redes sociales.
Además, acusaron que vulneró las reglas de propaganda político-electoral por la inclusión de niñas, niños y adolescentes.
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GGAC