Al descartar violencia política y con criterios diferenciados, por mayoría, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) sobreseyó el juicio de MC respecto a la omisión del Congreso local al no dar trámite a la renuncia de Alhinna Vargas, del PRI, sin embargo, vinculó al Legislativo a que le tome protesta a la suplente emecista, Rosaura Guerra.
En sesión, los magistrados informaron que Guerra no sufrió violencia política, pero que el Congreso local debía tomarle protesta, sin embargo, la autoridad electoral no fijó plazo, por lo que el Legislativo puede hacerlo en el momento que lo considere necesario.
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La magistrada ponente, Claudia Patricia de la Garza, originalmente había propuesto declarar que el Congreso fue omiso al no haber dado trámite a la renuncia de Vargas, lo que interpretó como violencia política contra Guerra, sin embargo, este argumento no convenció a sus compañeros.
Por ello, el presidente del TEE, Eduardo Bautista, ordenó el returno del proyecto para robustecerlo con la opinión del Tribunal para sustentar en definitiva el juicio con las consideraciones y razones de la mayoría.
“Se declara el sobreseimiento del juicio respecto de la omisión de dar trámite a los escritos del dieciocho de agosto y seis de septiembre.
“Son infundados los agravios en contra de la omisión atribuida al presidente del Congreso del Estado; de la vulneración al principio de paridad en la integración del órgano legislativo, y los que giran en torno a la violencia política en razón de género en contra de la mujer y violación institucional en perjuicio de la promovente”, señaló Bautista.
El titular del TEE consideró fundada la transgresión a la debida integración y funcionamiento del órgano legislativo, por lo que lo vinculó a dar trámite al escrito de renuncia de Vargas García y tomar la protesta de ley a Guerra Delgado como diputada local, sin establecer plazo.
Pero en el cuerpo del proyecto, más no del resolutivo, detalló que una vez notificado el Congreso, debe obligatoriamente tomarle protesta a Guerra.
El 1 de septiembre pasado, Guerra presentó un Juicio para la protección de los Derechos políticos-electorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
El JDC está en contra de la omisión de la Presidencia del Congreso de dar trámite a la solicitud de licencia presentada por la ex diputada, Alhinna Vargas, pues presuntamente por Ley deberá integrarse al Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano.
Guerra, por su parte, indicó que el PRI y PAN la obstaculizó de cumplir con su deber con los ciudadanos como diputada local de la bancada naranja.
La semana pasada, el Congreso local returnó la renuncia de Alhinna Vargas a la nueva Comisión Especial para Investigar las causas reales de la sistemática renuncia y el acoso en contra de diputados de oposición, pero no definió qué ocurría con Guerra.
En los asuntos en cartera ingresó un escrito de Gabriela Govea, presidenta de la Comisión de Gobernación, mediante el cual respondió que debía irse el asunto a la Comisión citada, debido a que Vargas presentó la renuncia por presunta presión del estado.
“El cuerpo técnico ha considerado allegarse de más elementos que ayuden a determinar la razón justificada que orilló a la diputada a solicitar una renuncia con carácter de irrevocable, y uno de estos elementos consideran serían las determinaciones que la Comisión Especial otorgue, por tal motivo y con la plena determinación de llevar a cabo el proceso legislativo de la forma adecuada y contar con una resolución firme y competente, que nos ayude a tener una mejor óptica del caso en concreto, en el entendido de la ambigüedad del escrito presentado no deja claros los motivos de la separación del cargo, consideramos que la dictaminarían no puede realizarse en el momento”, se lee en la justificación de Govea.
El 18 de agosto de 2023, Vargas presentó un oficio dirigido a la Presidencia del Congreso mediante el cual presentó solicitud de licencia para retirarse del cargo que ostenta como diputada propietaria.
Luego, el 6 de septiembre se dio cuenta de un escrito presentado por Vargas, en la cual informa que no ejercería el cargo de diputada local por un periodo de tiempo.
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