El Tribunal Electoral del Estado (TEE) hizo pública su inconformidad en contra de las resoluciones que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al admitir Controversias de Inconstitucionalidad en favor del Congreso de Nuevo León.
En un comunicado, el Tribunal Electoral consideró que el TSJ ordena la suspensión de los actos dictados por un organismo autónomo, así como en contra de las diligencias ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción.
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“Se encuentra en la necesidad de hacer pública su inconformidad, en contra de las actuaciones que ha realizado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al admitir Controversias de Inconstitucionalidad y ordenar en ellas la suspensión de los actos dictados por un organismo autónomo y especializado en material electoral; como en contra de las ordenadas por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado, consistente en ordenar una movilización inusual y desmedida de agentes del ministerio público con la finalidad de entregar un oficio y realizar entrevistas, con motivo de la denuncia de hechos por supuestamente violar la orden de suspensión decretada en las citadas controversias de inconstitucionalidad.
“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha concluido que el Tribunal Superior de Justicia carece de competencia para dirimir actos electorales,”, argumentó el TEE.
El organismo electoral consideró que las suspensiones en favor del Congreso no tienen incidencia jurídica alguna sobre los actos aprobados por este organismo autónomo y especializado en materia electoral.
“Se exhorta a las autoridades a que se conduzcan con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las que protestamos cumplir como funcionarios públicos, a fin de evitar lesionar el estado de derecho y la credibilidad de las instituciones públicas” finalizaron.
Este viernes, la magistrada Claudia Patricia de la Garza denunció públicamente una persecución hacia su persona y del magistrado en funciones, Fernando Galindo, por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía General.
Al día siguiente, la Fiscalía Anticorrupción aclaró que la visita se debió para atender una indagatoria producto de una denuncia que recibieron en la cual presuntamente los magistrados electorales fueron omisos en atender a una orden del Poder Judicial.
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