Es claro que se requiere una nueva ley acorde a las nuevas realidades que, para el caso del financiamiento –entre otros aspectos– otorgue certidumbre jurídica de la aportación federal, estatal y municipal a las instituciones púbicas de educación superior; que establezca las obligaciones de las instituciones públicas para regular sueldos y prestaciones a su personal, como las jubilaciones y el retiro, que también permita, para algunas actividades de investigación a largo plazo y la construcción de obras de envergadura, la aplicación de presupuestos plurianuales.
Los temas pendientes de la legislación mexicana en educación superior
Uno de los tópicos que debe ser analizado en una futura ley es el relativo a la responsabilidad del Estado para financiar la educación superior pública.
Ciudad de México /
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