El Tribunal Electoral confirmó tres sentencias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tras probar que existen evidencias contundentes, de que se involucró de manera ilícita en la elección, que generó inequidad, que usó indebidamente recursos públicos, que difundió propaganda gubernamental buscando exaltar a su gobierno influyendo así en el electorado y realizó promesas a futuro en plenas campañas.
Como MILENIO adelantó desde este martes, con estas tres sentencias, también se acreditaron ilícitos electorales de la canciller Alicia Bárcena; del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; del vocero presidencial Jesús Ramírez; Sigfrido Barjau titular de Cepropie; Martha Jéssica Ramírez, directora general de Comunicación Digital del Presidente de la República y a Pedro Daniel Ramírez, jefe de departamento de Comunicación Social.
En cuanto a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, se acreditó sólo el ilícito de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido. En el primer caso por hablar de programas y acciones de gobierno en materia migratoria; y en el segundo, por enlistar apoyos y número de beneficiarios de los programas del gobierno federal y estatal, en plena campaña.
Mientras que el resto de los funcionarios del gobierno federal, buscaron alegar que tienen un deber de “obediencia jerárquica” y sólo siguen las órdenes del Presidente de la República, sin embargo, se concluyó que la obediencia laboral “no los exime de cumplir con la Constitución”.
Votación del TEPJF:
El primer proyecto del magistrado Felipe Fuentes, sobre la mañanera del 21 de marzo, fue aprobado por mayoría, pues el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora no estuvieron de acuerdo en que se revocara el incumplimiento del presidente a la medida cautelar impuesta por el INE, para eliminar la mañanera pues se tardó unas horas más de la prórroga establecida.
Las dos magistraturas coincidieron en que el proyecto comparaba asuntos distintos para establecer que no hubo incumplimiento, por lo que consideraban que debía validarse también el desacato del Presidente, pero por mayoría, sólo esta parte fue revocada.
Se concluyó que en esta mañanera en la que se hablaron de programas sociales y logros de gobierno, así como de acciones en materia de migración, se acreditó que los comentarios del Presidente y de la canciller fueron ilícitos.
Sesión del Tribunal Electoral:
La mañanera en cuestión “tenía la finalidad de difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. Y la presunción de licitud periodística ampara únicamente al reportero, no a las personas servidoras públicas”, resolvió el TEPJF.
Y aunque la canciller alegó que sólo respondió a preguntas periodísticas expresas, se concluyó que “Ninguna actuación pública está exenta del cumplimiento de la Constitución”.
En las dos siguientes ponencias a cargo de la magistrada presidenta Mónica Soto sobre las conferencias del 22 de marzo y del 12 de abril, se aprobaron ambos proyectos sin ningún tipo de discusión, con lo que confirmaron varios ilícitos electorales e intervención también en la elección de Veracruz.
Mañanera del 12 de abril:
En la mañanera del 22 de marzo desde Veracruz, el presidente hizo una defensa directa a la entonces candidata a la gubernatura por Morena, Rocío Nahle ante señalamientos de presunto enriquecimiento inexplicable y comparó a los gobiernos de antes que querían volver, pero que el pueblo no lo permitiría. Todo, en plena campaña.
Algunas de las frases del Presidente sobre la candidata de Morena fueron: "Le quieren hacer el mal, por la temporada pero me consta que esa persona es honesta. Como yo soy de aquí, no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron”.
Además de otras frases como que en Veracruz “han querido imponer un gobierno de corrupción, no han podido. Ahora estamos bien en los económico, en lo social, en lo político”, “ni modo que les diga qué pasaba antes en Veracruz, porque ustedes lo saben muy bien, qué hacían y cómo vivían los gobernadores” y “sólo calumnian pero no les funciona porque el pueblo está informado”, “en vez de debilitarnos políticamente, el pueblo nos apoya cada vez más”.
Mientras que el gobernador Cuitláhuac García enlistó programas sociales que el gobierno de Morena ha impulsado en todo el país pero que han beneficiado Veracruz, y señaló que con estas acciones “a nuestros adversarios neoliberales y conservadores se les revuelve el estómago de coraje”.
Por lo que quedó totalmente acreditado que el Presidente de la República violó su deber de imparcialidad, usó indebidamente recursos públicos para influir en la contienda y difundió propaganda gubernamental en tiempo prohibido.
Y en la conferencia del 12 de abril, se acreditó violación a la Constitución al vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad, caer en difusión de propaganda gubernamental y usar indebidamente recursos públicos.
El Presidente alegó que no puede ser inscrito en el Catálogo de servidores públicos sancionados por ilícitos electorales porque es “una medida desproporcionada, excesiva, estigmatizate o discriminatoria que afecte el honor, la dignidad o la privacidad”, lo que también se declara inoperante e infundado.
Esto, porque el Tribunal Electoral ha señalado en varias ocasiones, que este catálogo es una mera herramienta de transparencia sobre la labor de la Sala Especializada, sin que implique por sí misma una sanción.
Con lo que de manera definitiva, por unanimidad en cuanto a los ilícitos electorales de los tres proyectos, se confirmaron tres sentencias más que demuestran la intervención indebida del primer mandatario, a pesar de que por el blindaje constitucional no puede ser sancionado.
Sin embargo, la ex candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez ha pedido que se consideren estas sentencias al validar la contienda presidencial, para dejar un precedente jurídico de que la elección no fue equitativa.
SNGZ