La presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, no incurrió en violencia política en razón de género, confirmó la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México (CDMX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María Cecilia Guevara y Herrera , al resolver el Juicio de la Ciudadanía (JDC) bajo expediente SCM-JDC-346/2025.
Esto al respaldar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) al resolver el Procedimiento Especial Sancionador (PES) TEEH-PES-003-2025 y su acumulado TEEH-PES-006-2025, el cual declaró la inexistencia de esta conducta violatoria de los derechos político-electorales de dos asambleístas, cuyos datos fueron protegidos por el órgano jurisdiccional federal, por parte de la edil antes y durante las sesiones de Cabildo.
De acuerdo a la ponencia de Guevara y Herrera, el TEEH sí efectuó un análisis a fondo y adecuado de los señalamientos esgrimidos por dos regidoras del ayuntamiento de Apan, tras esta evaluación determinó que no se actualizó el componente de género en estas acciones y que sólo derivan del ejercicio democrático de un órgano colegiado, y son situaciones propias del mismo, en este caso el Cabildo municipal.
En la demanda interpuesta ante la Sala Regional CDMX del TEPJF ambas asambleístas controvirtieron la sentencia del TEEH-PES-003/2025 y acumulado que declaró la inexistencia de violencia política contra de las mujeres en razón de género derivado de diversos actos relacionados con el desarrollo de las sesiones de cabildo del Ayuntamiento de Apan, así como la omisión de pago de dietas y la solicitud y/o entrega de información solicitada.
Cabe recordar que la sentencia del TEEH corrió a cargo de la ponencia de la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, el pasado 30 de octubre de 2025, donde enunció que derivado de un estudio minucioso de las constancias que obran en autos, y desde una perspectiva de género, declaró como inexistente las infracciones denunciada (violencia política en razón de género), al respecto de manera general a decir de las denunciantes previo a la celebración de las sesiones de Cabildo han sido invisibilizadas al no contar con información necesaria para emitir un voto informado en dichas sesiones y durante el desarrollo de las mismas una de ellas señala que ha sido objeto de limitaciones injustificadas al ejercicio de sus derechos político-electorales derivado de múltiples acciones y omisiones de dar contestación a diversas peticiones, además de sufrir violencia de índole económico por la falta de pago de sus dietas, hechos que a consideración de las denunciadas actualiza la violación política de sus derechos como mujeres electas popularmente.