La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que tanto el Instituto como el Tribunal Electoral de la entidad integraron con deficiencias la investigación por violencia de género en contra de la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, al grado de vulnerar, por un lado, el principio de presunción de inocencia y por el otro fomentar la impunidad.
Por mayoría de votos rechazaron la ponencia que proponía revocar la decisión del Tribunal local, acordaron hacer un engrose del asunto y vincular al Tribunal Electoral estatal y a las autoridades competentes para que hagan una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad del caso.
Mientras tanto sigue vigente la sanción en contra del columnista Luis Enrique Rocha por violencia de género, en contra de la alcaldesa de Metepec, hasta que se concluya la investigación y se vuelva a analizar el caso en el TEEM.
La discusión
Ante el TEPJF el columnista sancionado negó la autoría de la nota donde se incurre en violencia de género en contra de la alcaldesa, el pleno consideró que no está probada la culpabilidad del quejoso porque las autoridades no verificaron quién redactó, público y edito la columna, ni quien administra o paga el hospedaje del sitio donde apareció el artículo de opinión.
Esto, luego que hace unas semanas el TEEM resolvió que el articulista incurrió en violencia política de género y dio vista a las autoridades para que lo suban al padrón de personas que incurren en esta falta y no pueden ocupar cargos de elección popular ni en algunas instancias públicas.
- El denunciado recurrió a la autoridad federal bajo el argumento que la resolución del TEEM no estuvo fundamentada ni motivada, por lo cual es violatoria de principios, además de vulnerar la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso.
La ponencia presentada por el magistrado, Alejandro David Avante Juárez, propuso revocar la resolución en contra de Rocha por considerar que no está acreditada su responsabilidad y que no se puede pedir a la autoridad que reponga el procedimiento porque sería darle doble oportunidad de culpar a alguien.
La función del Tribunal federal, consideró, es revisar si la actuación se hizo conforme a derecho o no, no calificar sin se actuó con ética y principios, si no, como lo pidió el quejoso, revisar la exhaustividad de la investigación.
Los argumentos del ponente no fueron compartidos por el magistrado, Juan Carlos Silva Adaya, ni por la presidenta, Marcela Elena Fernández Domínguez, quien pidió que se repusiera el procedimiento para determinar quién es la persona o las personas responsables de la publicación para que se agote su capacidad investigadora, dado que la sentencia carece de exhaustividad.
“Lo prudente es devolver los autos para que se fundamente y se vea si están acreditados los hechos y la culpabilidad del denunciado y el grado de responsabilidad. En este momento no me pronuncio sobre ningún otro aspecto, sólo de ordenar la reposición del procedimiento”, enfatizó.
El magistrado, Juan Carlos Silva Adaya, indicó que no existen derechos humanos de carácter absoluto y es necesario revisar hasta dónde pueden coexistir la libertad de expresión y las limitaciones, así como el respeto a la dignidad de las personas y en especial de la mujer.
Es cierto, acotó, que el margen de tolerancia se tiene que hacer mayor cuando se trata de figuras públicas por la rendición de cuentas a la que está obligadas, pero también se tiene que ponderar si es necesario usar el lenguaje en los términos que muestra la columna. “Me preocupa los términos en que se ejerce la libertad de expresión”.
Subrayó la importancia de no afectar el núcleo esencial de la libertad de expresión, si la servidora debe tolerar esto y determinar si esto es violencia de género, pero la deficiente investigación no ayuda a llegar a la verdad histórica por falta de pruebas.
KVS