El Tribunal Electoral avaló, por mayoría de votos, librar a la organización 'Que Siga la Democracia' de haber orquestado un aparente esquema de simulación para favorecer indebidamente al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la revocación de mandato, pues a pesar de contar con miles de pruebas, las consideraron insuficientes para probar irregularidades.
Después de 19 meses de haberse llevado a cabo la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió la impugnación más relevante del PRD en contra de una sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistente una estrategia de simulación de Que Siga la Democracia en vinculación con Morena, para que el mandatario se mantuviera en el cargo.
La complejidad de tener un pleno incompleto con cinco integrantes, generó un empate, por lo que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón se vio obligado a modificar su postura inicial para sumarse a uno de los dos bloques, que terminó por librar a esta organización que se creó exclusivamente para desplegar esta propaganda.
La magistrada Janine Otálora propuso un proyecto en el que planteaba reconocer que “la asociación Civil Que siga la Democracia estableció una estrategia de propaganda en prácticamente todo el territorio nacional, 30 de las 32 entidades federativas, con la finalidad de influir en el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República, bajo un esquema de simulación que buscaba aparentar una genuina participación ciudadana protegida por la libertad de expresión”.
La magistrada expuso que la investigación del INE que llevó meses, presenta mil 683 pruebas, 189 contratos de publicidad, 791 requerimientos de información, 654 actas circunstancias por el INE; más de dos mil 400 espacios publicitarios en espectaculares, lonas y bardas; uso de los espacios del Metro que tiene alrededor de 46 mil 900 espacios publicitarios; y un gasto de más de siete millones de pesos que demuestran que esta organización no pudo por sí sola orquestar estos niveles de propaganda.
“La relación del dinero con la política, particularmente en el contexto de contiendas por el poder público, ha sido objeto de preocupaciones desde hace ya tiempo. Primero, en las contiendas debe garantizarse que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. En segundo, que los recursos erogados para la promoción justamente de opciones políticas deben poder ser fiscalizados para particularmente conocer su monto.
"La Constitución repudia la idea de que los cargos populares sean definidos por la mera influencia de los recursos financieros, igualmente repudia que estos determinen la continuidad de un cargo de elección popular", expuso Otálora.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón consideró que “el proyecto no logra demostrar que esta asociación tiene esta vinculación con Morena ni cuenta con los elementos suficientes para acreditar una simulación”.
Por lo que proponía revocar el acuerdo pero a diferencia de la propuesta de Otálora, para ordenar al INE que despliegue una investigación más exhaustiva para que la Sala Regional Especializada pudiera emitir una nueva sentencia. Sin embargo, al no tener el respaldo de nadie y ante los votos de Mónica Soto y Felipe Fuentes por rechazar el proyecto de Otálora, frente a los de esta magistrada junto con Felipe de la Mata Pizaña para avalar la simulación, Reyes Rodríguez Mondragón estaba obligado a desempatar.
Por lo que optó por sumarse a Soto y Fuentes y respaldar la sentencia de la Sala Especializada sin tocar a la organización, pese a las miles de pruebas existentes, por lo que anunció que explicaría el sentido de su voto, con estas consideraciones.
Durante meses, el INE desplegó una investigación para rastrear los millones de pesos que se invirtieron en una campaña que incluso llegaron a calificar como “fantasma” por el deslinde de todos los implicados para asumirse como responsables.
A 19 meses de ese ejercicio que no logró la participación mínima que la Constitución exige, la organización encabezada por Gabriela Jiménez, ex candidata de Morena y una de las principales operadoras de Claudia Sheinbaum quedó libre de sanción alguna por la propaganda desplegada en todo el país.
LG