A media noche, por WhatsApp y sin hacerlo público, el Tribunal Electoral determinó no dar trámite a la demanda de nulidad en la alcaldía Álvaro Obregón que solicitó el PAN y turnarla a la Sala Regional de la Ciudad de México, después de que por un error de la Secretaría General de Acuerdos no se vio el asunto en sesión.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora Malassis no estuvieron de acuerdo, y acusaron al secretario general de acuerdos Ernesto Santana Bracamontes de dilación injustificada, de una conducta opaca, de lesionar la imparcialidad del Tribunal Electoral, de ocultar la recepción de la demanda y vulnerar el derecho del PAN a la justicia, de incumplir con la ley que exige el turno inmediato en periodo electoral y de cambiar la vía del juicio para que no se resolviera en sesión pública.
- Te recomendamos Partidos en Hidalgo coinciden: llegada de Sheinbaum, momento histórico y de unidad Política
MILENIO reveló este lunes, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó horas antes del cambio de gobierno en Álvaro Obregón, con la idea de que la oposición abandonó la disputa legal, a pesar de tener todos los elementos para exigir la nulidad, luego de que el INE acreditó rebase de tope de gastos de campaña.
Al término de la sesión, las magistraturas se enteraron que el PAN presentó su demanda a las 11:40 horas, pero la Secretaría General de Acuerdos a cargo de Ernesto Santana Bracamontes, ni siquiera lo informó ni lo turnó, poniendo en riesgo que el asunto se pudiera resolver y, por lo tanto, se volviera irreparable.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ventiló que fue hasta media noche, cuando vía chat en votación privada, se circuló un proyecto que proponía que la Sala Superior no resolviera.
Rodríguez Mondragón publicó el voto particular que emitió junto con Janine Otálora en contra de la decisión mayoritaria, en la que exhiben la conducta injustificada de la Secretaría General de Acuerdos que llevó a que la demanda no se resolviera de manera oportuna y que, por lo tanto, Javier López Casarín pudiera rendir protesta sin que se analizara el ilícito de rebase de tope de gastos de campaña.
Primero, expusieron que a lo largo del día del pasado 30 de septiembre, el secretario se mantuvo dando aviso de la recepción de los medios de impugnación, con excepción de éste, sin ninguna justificación.
El magistrado Felipe Fuentes circuló el proyecto a las 23:35 del mismo lunes, pero el registro indica que se le turnó hasta las 00:28 horas del 1 de octubre, sin que se haya notificado al resto de las magistraturas de la demanda.
“La Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior no proporcionó información a las magistraturas de la recepción y turno del caso, sino hasta que se circuló el proyecto de acuerdo de sala. Lo anterior, supone una conducta opaca por parte de la referida secretaría, esto es, contraria a los principios de transparencia y máxima publicidad que debe regir la tramitación de los expedientes judiciales".
“Tal conducta, también lesiona la percepción de imparcialidad que debe regir la actuación de las personas juzgadoras. En el caso, se genera sospecha en torno a las razones por las cuales la Secretaría General de Acuerdos ocultó la recepción del juicio y su turno, así como de los motivos de la demora en el turno del expediente”.
Además, acusaron que fue la propia Secretaría General de Acuerdos, la que cambió la vía de la demanda, pues mientras el PAN interpuso un recurso de reconsideración, se presentó como un asunto general para votarse en chat privado.
Lo que por norma, le corresponde directamente a la magistratura a la que se le turna el caso, determinar si la vía es o no la correcta, y no a la Secretaría General de Acuerdos. Además, de que si la toma de protesta de alcaldías era alas 8:00 horas del 1 de octubre, la Sala Superior pudo analizarlo y resolver.
Por lo que Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis exigieron que se hagan las investigaciones y se desahoguen responsabilidades por el actuar del secretario Santana Bracamontes.
Con la decisión mayoritaria tomada en la madrugada de este lunes, la elección de la alcaldía Álvaro Obregón ya no podrá ser anulada, pues la Sala Regional Ciudad de México podría analizarlo como un hecho irreparable luego de que ya se rindió protesta legal.
RM