El Tribunal Electoral ordenó analizar si es viable imputar al presidente Andrés Manuel López Obrador una responsabilidad directa por la mañanera del 7 de marzo, en la que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, difundieron logros de gobierno en tiempo prohibido.
Al confirmar que los funcionarios del gabinete federal incurrieron en propaganda indebida durante el periodo de revocación de mandato por destacar logros y avances del gobierno federal en materia energética y apoyos al campo, dieron la razón al PRI en que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no analizó la responsabilidad del presidente.
Con los votos en contra de la magistrada Mónica Soto y del magistrado José Luis Vargas, ordenaron “que la Sala Especializada lleve a cabo un análisis exhaustivo del contexto en el cual fue difundida la propaganda gubernamental para verificar si es jurídicamente viable imputar una responsabilidad directa al presidente de la República, por las expresiones que se consideraron ilícitas.
“Tomando en cuenta que el titular del Ejecutivo Federal es el que elige los temas que habrán de abordarse en el espacio de comunicación gubernamental y es el superior jerárquico de las personas que expusieron los hechos denunciados”.
La sentencia también ordenó que las magistraturas de la Sala Especializada analicen, de forma integral y exhaustiva, si existe responsabilidad o infracción por parte de las concesionarias que difundieron esa mañanera.
Pues a pesar de que los medios de comunicación pueden reproducir fragmentos de las conferencias en tiempos prohibidos, es decir, sólo tienen la restricción de hacerlo de manera ininterrumpida, también están obligados a analizar el contenido y no replicar propaganda gubernamental que pudiera generar futuras sanciones a los funcionarios públicos.
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En lo que no estuvo de acuerdo el magistrado Vargas, pues alegó que la Sala Superior debió determinar desde asuntos anteriores “la responsabilidad de las concesionarias implicadas a luz de si existen o no elementos para desvirtuar una presunta licitud dela labor periodística que han realizado dichas concesionarias en la transmisión de las conferencias mañaneras”.
Finalmente, tras acreditar los ilícitos de esta conferencia y el uso indebido de recursos públicos por parte del titular de Pemex y el secretario de Agricultura, deberá reabrirse la investigación para analizar si López Obrador tiene una responsabilidad directa, por ser quien determina las participaciones de su gabinete en su conferencia matutina.