El Tribunal Electoral prevé validar el próximo miércoles el triunfo de la panista Teresa Jiménez como próxima gobernadora de Aguascalientes, tras descartar todas las irregularidades acusadas por Morena: ni violencia generalizada, rebase de tope de gastos de campaña, tampoco proselitismo indebido, intervención de la iglesia o campaña calumniosa.
La elección de Aguascalientes fue la que menos incidencias e impugnaciones enfrentó dentro de las seis renovaciones de gubernaturas que se dieron este año.
A diferencia de las sentencias de Durango e Hidalgo en las que se validaron resultados a pesar de confirmarse violaciones graves, en este caso Morena intentó anular el triunfo de Teresa Jiménez presentando decenas de impugnaciones sin que pudiera acreditar ninguna de las acusaciones como para revocar el proceso.
El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, hizo público el proyecto, el cual puso a consideración de sus pares, en el que concluye que no existieron irregularidades graves, sistemáticas y plenamente acreditadas.
Además, que las quejas presentadas tampoco impactaron de manera cualitativa en el electorado, pues participó el 45.94 por ciento de la población y existió una diferencia de más de 20 por ciento de puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar.
Por lo que confirmó el triunfo de la coalición PAN-PRI-PRD con Teresa Jiménez al recibir 255 mil 592 votos, y el segundo lugar de Morena con Nora Ruvalcaba quien se quedó con 160 mil 350.
Primero, el magistrado presidente desestimó los alegatos del PRI con los que buscaban frenar las impugnaciones de Morena, considerando que sus pretensiones se basaban en “frivolidad”.
Sobre las acusaciones de Morena respecto a violencia en todo el estado que impactó en la decisión del electorado, la Sala Superior concluyó que existieron siete hechos de violencia aislados, de los cuales, cinco se dieron el día de la jornada electoral dentro de un universo de mil 738 casillas.
“Es decir, no basta que se acredite la incidencia de siete actos violentos en algunas secciones o municipios para concluir que viciaron la libertad del voto de toda la ciudadanía”, indica el proyecto.
Morena acusó que la madrugada del 22 de mayo, un comando armado irrumpió una casa-habitación en la que se encontraban brigadistas de la candidata de Morena, quienes fueron robados, golpeados y amenazados para que en 24 horas salieran del estado, y hubo tres patrullas de policía municipal involucradas.
También, que la madrugada del 3 de junio en un hotel de Aguascalientes, brigadistas de Morena recibieron las mismas intimidaciones por un grupo de choque integrado por personas encapuchadas.
En estos dos hechos previos a la votación, el magistrado concluye que “no se demostró que tuvieran incidencia real en el proceso electoral”.
Morena denunció que el día de la elección, en la sección 164, se presentaron personas encapuchadas y armadas que levantaron y golpearon a algunos militantes de Morena, además de las siguientes irregularidades:
- En Twitter denunciaron que operadores de la candidata ganadora fueron captados retirando lonas de la abanderada de Morena
- La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, denunció agresiones de personas encapuchadas a afuera de una casilla especial en una escuela primaria en la sección electoral 163.
- En el municipio de Cosío, una persona golpeó a un representante de Morena y en la casilla 53 básica, policías sacaron en contra de su voluntad a representantes de partidos políticos.
La Sala Superior concluyó que se trataron de “hechos focalizados contra simpatizantes de Morena y resultan insuficientes en un contexto generalizado de violencia en todo el estado” y que ni los dos casos previos a la votación ni los del día de la jornada son determinantes para que concluir que existió una intimidación hacia la población y el electorado, sino que se centra en brigadistas de Morena.
“Las irregularidades consistentes en hechos violentos días previos y el día de la jornada electoral, no resultaron de la magnitud suficiente que permitan concluir que provocaron una coacción indebida al sufragio, derivado de un contexto de violencia generalizada en todo el Estado.
“Los cinco hechos de violencia que se dieron el día de la elección resultaron insuficientes para demostrar que ese contexto de violencia se actualizó de manera generalizada en todo el estado de Aguascalientes y, a su vez, que los mismo resultaron de la entidad suficiente para poder concluir que se puso en riesgo la emisión del sufragio de manera libre por parte del electorado y en virtud de ello procediera la nulidad de toda la elección”.
Además, Morena sumó impugnaciones alegando un supuesto rebase de tope de gastos de campaña de parte de la candidata panista; sin embargo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que no existió rebase al tope de gastos, pues del límite de 23 millones 251 mil 992.13 pesos, la coalición encabezada por el PAN gastó 19 millones 720 mil 40.54 pesos.
Acusaron uso de símbolos religiosos y un integrante de la iglesia católica hizo un pronunciamiento para incidir en el electorado, lo que se concluyó como un hecho aislado.
Respecto a proselitismo en universidades por charlas de Teresa Jiménez en escuelas privadas, lo que se declaró infundado, pues estos eventos no están prohibidos en la normativa electoral y no se acreditó que hubiera existido algún tipo de presión o coacción sobre los asistentes para votar a favor de una candidatura en específico.
Tampoco acreditaron la supuesta propaganda calumniosa y negativa en contra de Nora Ruvalcaba ni que el Tribunal Local estuviera mal integrado cuando se votó la declaratoria de validez de la elección.
Por lo que, al analizar el conjunto de todas las impugnaciones con las que Morena pretendía anular el triunfo del PAN en Aguascalientes, la Sala Superior prevé declararlas todas infundadas e insuficientes, ratificar a Teresa Jiménez como próxima ganadora y validar su constancia de mayoría.
Se trata, hasta ahora, de la primera elección en la que no se acredita ninguna violación grave, pues hace una semana, la Sala Superior ratificó el triunfo del PRI en Durango, pero reconoció que hubo hechos de violencia graves, aunque no generalizados como para anular la elección.
Mientras que en el caso del triunfo de Morena en Hidalgo, también confirmaron que varios funcionarios incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador generaron inequidad en la contienda.