El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) confirmó en definitiva, que el quinto aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el 1 de junio de 2023, fue ilícito, pues se usaron 8.2 millones de pesos para organizar y realizar un evento que tuvo como intención atacar a la oposición y generar inequidad en la elección de este año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó la sentencia de la Sala Regional Especializada del TEPJF que confirmó que el evento en el zócalo capitalino el 1 de julio de 2023, para celebrar el 5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México fue ilícito.
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La Sala Regional Especializada determinó la existencia de la promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el actual proceso electoral 2023-2024, por los llamados expresos que lanzó el presidente López Obrador para no permitir que la oposición regrese al poder.
El presidente consideró que la sentencia carecía de sustento y que él estaba ejerciendo su libertad de expresión, en lo que la Sala Superior decidió por unanimidad, no darle la razón y confirmar la ilegalidad de su evento.
El proyecto del que MILENIO tiene una copia y que se aprobó este jueves, indica que López Obrador usó su cargo como Presidente para posicionarse en contra de la oposición, a pesar de la cercanía con el proceso electoral y su obligación constitucional de ser neutral y no involucrarse en procesos electorales.
El análisis del TEPJF además, exhibe que todos los recursos que usó el presidente para organizar este evento por su triunfo en las elecciones del 2018, implicaron gastos por 8.2 millones de pesos utilizados indebidamente.
“Para la organización y difusión del evento denunciado, se emplearon recursos humanos, financieros y materiales los cuales consistieron en que la organización del evento estuvo a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República, se emplearon $8,291,100.60 pesos mexicanos (ocho millones doscientos noventa y un mil cien 60/100 moneda nacional) para la consecución del evento, para la colocación de la señal del evento participaron veintidós servidores públicos y la difusión del evento se realizó a través de la cuenta de Twitter del Gobierno de México (@GobiernoMX), cuya administración corresponde al jefe de departamento en la Coordinación de Comunicación Social”.
Por unanimidad, concluyeron que los alegatos del presidente López Obrador son infundados, pues contrario a lo que alega, sus expresiones “no podían ampararse en un ejercicio de libertad de expresión, ya que lo expresado durante el evento denunciado tuvo como propósito la explícita celebración del triunfo electoral”.
Entre algunas de las frases que el presidente lanzó en su discurso fue que “la oposición conservadora está obcecada en regresar por sus fueros” o que el antiguo régimen defiende “la corrupción y los privilegios, de manera descarada y hasta ridícula”.
Por lo que las magistraturas electorales confirmaron de manera definitiva e inatacable que “la organización, consecución y difusión el evento denunciado generaron una afectación al principio de equidad en la competencia electoral del proceso concurrente 2023-2024, porque el Presidente hizo uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos”.
Sin embargo, esta resolución como todas las en las que se dan en contra del Presidente no tienen efectos sancionatorios en su contra, por lo que fue este proyecto, el que desató la propuesta de la magistrada Janine Otálora de crear un cuadernillo con todas estas sentencias en contra del Presidente, que permitiera llevar un registro de todas las intervenciones al proceso electoral, que fuera vinculante al momento de calificar la validez de la elección presidencial.
Pero su propuesta fue rechazada por el nuevo bloque mayoritario que en su lugar, aprobó un catálogo genérico que enliste todas las sentencias relacionadas con todos los procesos electorales de todo el país, sin efectos vinculantes a la validez de la elección presidencial, aunque con la posibilidad de que también sea considerada en algún juicio de nulidad.
IOG