El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las sanciones que la Sala Especializada había impuesto a los creadores de la serie Populismo en América y pidió a dicha instancia que se sancione también a otros responsables de la “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
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Por mayoría de voto, la sala aprobó el proyecto presentado por el magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que señala la responsabilidad de la existencia de publicidad en camiones, teléfonos celulares, spots en TV, entrevistas y cintillos en medios audiovisuales para generar una campaña integral negativa respecto al entonces candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, atribuida a los realizadores de la serie “Piña Digital” y Javier García Mata, así como a Grupo TV, Promo TV, Promo, Mirna Gómez Piña, Alejandro Quintero Iñiguez y Mónica Bolaños Cacho Albarrán.
La Sala Regional Especializada había determinado sancionar a Javier García Mata y a Piña Digital S. de R. L. de C. V., por 350 mil 45 pesos a cada uno de ellos.
El artículo 41 de la Constitución establece que ninguna persona física o moral puede contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos, "lo que los denunciados violentaron a través de un esquema de publicidad integral ilegal", señaló el TEPJF en un comunicado.
El tribunal informó que ninguno de los medios de comunicación, que transmitió la publicidad fue sancionado porque no conocían de los alcances e intención de la campaña.
La Sala Superior aseguró que con la resolución “garantiza la libertad de expresión en los Medios, pero sienta un precedente para que actores no realicen en lo futuro campañas negativas”.
La información e investigaciones realizada por el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dieron cuenta de un complejo esquema integrado por personas físicas y morales destinado a violar el modelo de comunicación política para, con recursos presuntamente privados, intentar influir negativamente en la percepción pública de un candidato presidencial en el proceso electoral 2018.
La sala dará vista a la Unidad de Fiscalización del INE; el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales a efecto de que, en su ámbito de competencia, “realicen las investigaciones sobre las personas físicas y morales señaladas observarse actos que podrían significar otro tipo de conductas ilegales.
OVM