La Sala Especializada del Tribunal Electoral confirmó que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) usaron recursos públicos para inhibir la participación en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, indicó que el mandatario se distrajo de sus responsabilidades en día y hora laboral, por lo que el Congreso local debe sancionarlo.
En un paquete de 11 resoluciones, confirmaron sanciones para el gobernador de Coahuila, el PRI, el alcalde de Miguel Hidalgo, una senadora, un diputado de Morena en Guanajuato, dos legisladores de la Ciudad de México, un funcionario del Instituto Nacional de Migración y el subsecretario de Cultura de Colima por diversas violaciones electorales durante el proceso de revocación de mandato.
Los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacaron que se trata de funcionarios de diferentes niveles, pero principalmente de partidos distintos, lo que demuestra que “no importa si lo que dijeron era bueno o malo, sino que legalmente tenían prohibido intervenir” en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por tratarse de un ejercicio meramente ciudadano en el que estaba prohibida la intervención de partidos y funcionarios.
En el caso del gobernador de Coahuila, Morena lo denunció por un video de una reunión del PRI difundido en redes sociales, en el que realiza posicionamientos negativos contra de revocación de mandato, con lo que se concluyó que tuvo una intervención en el proceso.
“El gobernador realizó posicionamientos en los que pretendió influir en la decisión popular al inhibir la participación ciudadana y no votar en el proceso de revocación; se acreditó que el evento se llevó a cabo en día y hora hábil, por lo que se ordena dar vista al Órgano Interno de Control a fin de que determine en lo que a derecho corresponda.“Existencia de vulneración a las reglas del proceso de revocación de mandato ya que las manifestaciones se realizaran por un partido y se difundiera en la página oficial tuvo como objeto influir en la ciudadanía, lo que está prohibido”.
El magistrado Luis Espíndola agregó que además, este evento se dio en día y hora laboral, por lo que el gobernador priista se distrajo de sus deberes laborales.
Concluyeron que el gobernador vulneró las reglas de difusión de la revocación de mandato; violó sus deberes de imparcialidad y neutralidad; incurrió en uso indebido de recursos públicos y la Mesa Directiva y el Órgano Interno de Control del Congreso de Coahuila deben sancionarlo; mientras que al PRI se le aplicó una multa económica.
En el caso del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se confirmó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido por haber promovido logros de su administración, pero se descartó uso indebido de recursos públicos y se dio vista al Órgano Interno de Control para que aplique las sanciones que correspondan.
También confirmaron que la senadora del PAN, Minerva Hernández, emitió comentarios negativos los cuales buscaron “orientar la participación de la ciudadanía, con lo que violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad; su participación sobrepasó los límites legales, por lo que se confirma uso indebido de recursos públicos”, y deberá ser sancionada por la Mesa Directiva y la Contraloría del Senado.
Mientras que el diputado de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, quien incluso llamó a ignorar al INE, incurrió en propaganda gubernamental en tiempo prohibido al generar publicaciones en las que pretendía enaltecer al Presidente, de lo que López Obrador se deslindó, por lo que el Congreso guanajuatense tendrá que sancionarlo.
Lo mismo se determinó en los casos de David Méndez, representante del Instituto Nacional de Migración en Puebla y del subsecretario de Cultura en Colima, así como los diputados Xóchitl Bravo y Carlos Hernández, de la Ciudad de México.
Libran a Marina Vitela por cartas a AMLO
La magistrada Gabriela Villafuerte presentó un proyecto en el que confirmaba que Morena había incurrido en violaciones, por los promocionales de su candidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela titulados “Carta a mi amigo”, en los que se dirigía al presidente López Obrador y destacaba logros de su gobierno durante el proceso de revocación de mandato.
El proyecto que fue rechazado con los votos de dos magistrados, confirmaba el uso indebido de la pauta pues no se utilizaron los espacios para promover a la candidata y sus propuestas sino para apoyar al presidente de la República.
Sin embargo, el magistrado Luis Espíndola y Rubén Lara Patrón consideraron que se debió emplazar al presidente de la República para conocer su opinión.
En lo que la magistrada no estuvo de acuerdo, pues consideró que el presidente no es responsable de la pauta sino el partido responsable de los promocionales. Finalmente su proyecto fue rechazado.