A pesar de que el vocero Jesús Ramírez y el titular de Cepropie, Erwin Frederick, alegaron el principio de obediencia jerárquica que los obliga a acatar órdenes del Presidente de la República, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Órgano Interno de Control de la Presidencia y Andrés Manuel López Obrador deben sancionarlos porque permitieron y difundieron las críticas lanzadas en contra de la alianza “Va por México” desde una conferencia mañanera, durante el proceso electoral.
El 19 de julio, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acató la orden de la Sala Superior de emitir medidas de reparación que incluirían amonestaciones para todos los implicados tras confirmar que en la mañanera del 23 de diciembre de 2020, López Obrador incumplió en sus obligaciones de imparcialidad y neutralidad; sin embargo, el vocero y el titular de Cepropie volvieron a impugnar.
En sus nuevos alegatos, los dos servidores públicos acusaron que la Sala Especializada no era la competente para pedirle al Presidente y al Órgano Interno de Control que los sancionara, que no se respeta su presunción de inocencia, que son terceros y no los que incurrieron en la falta o violación electoral y sobre todo, que se limitaron a obedecer órdenes de su superior jerárquico.
Tanto Jesús Ramírez como Erwin Sigfrid Frederick alegaron que no deberían ser sancionados, pues se apegaron al principio de la obediencia jerárquica, y “al ser inferiores en la jerarquía deben obedecer las órdenes de su superior, en este caso, las del Presidente”, además de que son terceros implicados y a quien se señaló por haber vulnerado la equidad en la contienda fue al titular del Ejecutivo.
En el proyecto a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se calificaron todos sus alegatos de infundados e inoperantes porque “incumplieron en su responsabilidad de deber de cuidado y no por una actuación directa, porque su actuar formó parte de la cadena infractora al poner a disposición de los medios el material con la materia infractora, además de que la obediencia jerárquica no puede estar por encima de los principios constitucionales”.
Por lo que, por unanimidad, confirmaron en última instancia y sin más posibilidades de impugnaciones, que el Presidente de la República debe emitir una amonestación en contra de los dos servidores públicos, al igual que el Órgano Interno de Control por haber incumplido en sus deberes.
En esa mañanera del 23 de diciembre, el Presidente criticó la alianza “Va por México” acusando que la unión del PRI, el PAN y el PRD es “natural y obvio” porque representan al antiguo régimen, “se están quitando las máscaras”, buscan defender los privilegios y “no soportan” que este gobierno atienda a los más marginados y entregue pensiones a los adultos mayores, niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes y medicamentos gratuitos.
Por lo que no sólo intervino en el proceso electoral criticando a partidos de la oposición, lo que de acuerdo a la autoridad electoral, benefició directamente a Morena, sino que además, habló de programas sociales, lo que estaba prohibido durante el proceso electoral.
En una segunda impugnación por la misma conferencia de prensa, pero en un proyecto analizado por el magistrado José Luis Vargas, también se declararon infundados otros alegatos del vocero y el director de Cepropie, así como de la Consejería Jurídica en los que replicaron que se ordenara dar vista a la Unidad Técnica de loa Contencioso Electoral del INE para que investigara a estos dos funcionarios e iniciara un procedimiento para determinar infracciones electorales al violar su deber de imparcialidad en la pauta.
El magistrado José Luis Vargas propuso confirmar la decisión de la Sala Especializada, pues la Sala Superior ya había confirmado que la mañanera del 23 de diciembre violó los principios de neutralidad e imparcialidad por las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al opinar también sobre la integración en la Cámara de Diputados y la mayoría de Morena.
“Se trata de cosa juzgada pues son aspectos firmes ya definidos por esta Sala Superior y quedó acreditada la responsabilidad jurídica de los implicados en las infracciones acreditadas”.
Por lo que por unanimidad, los magistrados también confirmaron que el INE investigue las responsabilidades electorales en que pudieron incurrir el vocero y el director de Cepropie al permitir que el Presidente cometiera violaciones electorales, las reprodujeran, difundieran en redes sociales y plataformas oficiales del gobierno federal, y pusieran a disposición de los medios de comunicación para su difusión.
JLMR