El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló una sanción económica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había impuesto al coronel David Sandoval Mota, un ex funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por una supuesta compra irregular de acero para la modernización de la base aérea de Santa Lucía en 2012.
La sanción de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF consistía en exigir al ex funcionario el resarcimiento de 4 millones 505 mil 555 pesos de un supuesto daño patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública Federal.
Sin embargo, en la sesión del pleno de la Sala Superior del TFJA de este miércoles, el magistrado Guillermo Valls propuso declarar la nulidad de la resolución de la ASF por considerar que no existían pruebas suficientes de que el servidor público hubiera ocasionado tal daño al erario.
“No existe prueba alguna que acredite que efectivamente se causó un daño a la Hacienda pública federal con el pago de la estimación número seis, (…) pues sí se realizó el suministro de acero cuando dicha estimación se había pagado, toda vez que se entregó a la empresa dicho acero para que ésta, a su vez, realizara la fabricación de la estructura de acero que se necesitaba, a fin de modernizar los hangares”, expuso Valls Esponda.
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El magistrado añadió que si la ASF pretende sancionar al servidor público debido a que la estructura de acero no había sido entregada en el sitio de la obra, esa situación no tiene que ver con pagar por el suministro del acero para la fabricación de dicha estructura.
“Si al hoy actor se le sancionó porque no suministró el acero, dicha determinación resulta ilegal”, dijo y aclaró que la fabricación y el traslado de la estructura eran acciones que se pagarían de forma aparte.
El proyecto presentado por Valls para declarar la nulidad de la resolución de la ASF fue aprobado por mayoría, pues el magistrado Carlos Mena Adame difirió de lo expuesto, al considerar que sí hubo un incumplimiento con el contrato para la remodelación del hangar.
“Si la obra no estaba concluida en su totalidad, no bastaba con la entrega de lo que es el concepto de acero, sino que se requería que se hicieran obras y que se entregarán en tiempo; entonces, yo por ese motivo vengo en contra de la ponencia”, dijo Mena.
El magistrado Mena citó el dictamen de la ASF, en el que se explica que los trabajos realizados por la contratista y pagados por la dependencia no corresponden con las actividades y las fechas calendarizadas en el programa de obra, anexo 3, del contrato 809/2012, pues al 31 de diciembre del 2012, la estructura de acero no había sido suministrada en su totalidad y no estaba aún en el sitio de la obra.
EHR