Hoy en día, el trabajo de los servidores públicos federales en México no goza del reconocimiento que merece y, por el contrario, han sido maltratados por el actual gobierno, con recortes salariales, presupuestales y una austeridad sin fundamento, afirman académicos, a propósito del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General designó el 23 de junio como Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública para celebrar el valor y la virtud del servicio público para la comunidad, destacar la contribución del servicio público en el proceso de desarrollo, reconocer el trabajo de los servidores públicos y alentar a los jóvenes a seguir carreras en el sector público.
En la Administración Pública Federal (APF) laboran actualmente más de un millón 600 mil servidores públicos.
No obstante, las condiciones actuales de la APF en México “no pasan por su mejor momento”, debido a las restricciones económicas impuestas desde la cabeza del Poder Ejecutivo, advierten académicos de la UNAM, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Tecnológico de Monterrey, entrevistados por separado por MILENIO.
El recorte de 9.2 por ciento a los salarios de los servidores públicos en el primer año del sexenio, la eliminación de más de 8 mil plazas de diversas dependencias federales, la restricción más reciente en 75 por ciento de los gastos de operación, la advertencia de la desaparición de subsecretarías, la eliminación de prestaciones laborales e incluso la indicación de suprimir el aguinaldo colocan a los integrantes de la APF en una situación complicada, en la que no se les reconoce el valor que tienen como parte del gobierno, advierten los especialistas.
Para muestra un botón: de 2018 a 2019, el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos pasó de 51 mil 368 millones de pesos a 28 mil 724 millones de pesos.
“Se está perdiendo el espíritu”
“¿Quién es el mejor aliado del gobernante en la tarea de dirigir o conducir un país? Los servidores públicos son sus compañeros de viaje, son los que traducen en planes, en programas, en política pública, en presupuestos, lo que se asume como compromiso a partir de discursos, de artículos constitucionales, de normas legales”, dice el profesor Ricardo Uvalle, profesor e investigador del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera que no se está cumpliendo con la indicación de las Naciones Unidas de reconocer a los servidores públicos y su trabajo como elementos clave para el desempeño eficiente del gobierno.
“Han sido objeto de restricciones, ajustes y medidas muy impactantes, que consisten en disminuir recursos, no reconocer la importancia para el país y su desarrollo y esto está repercutiendo en la falta de espíritu y entrega al servicio público, que es un deber insoslayable por parte de los gobiernos modernos”, reclama.
Dice que, aunque las tareas públicas se siguen llevando a cabo, no lo hacen bajo un esquema de incentivos o reconocimientos, sino de críticas fuertes y calificativos como la ‘burocracia dorada’, que genera un ambiente no comprensivo y no favorable.
Aunque Uvalle es partidario de la austeridad, afirma que sólo como una medida correctiva.
“Tengo la impresión de que la austeridad ya se prolongó más allá de lo estrictamente necesario, porque las economías no pueden aguantar tanta austeridad… Cuando se menciona que hay que hacer ajustes a la baja o eliminar órganos y funciones, uno quisiera conocer los fundamentos, la justificación, el alcance, debidamente argumentados, para poder identificar que, en efecto, hay elementos que deben eliminarse para dar paso a otra forma, más eficiente, más clara y efectiva del trabajo gubernamental”, dice.
“Servidores públicos están siendo maltratados”
Por su parte, la doctora María del Carmen Pardo, investigadora en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que la APF está pasando por un momento complicado “porque en las propuestas del gobierno parecería que no la incluyen como el instrumento privilegiado en donde se genera este espacio de comunicación entre el gobierno y la sociedad”.
El servicio público, dice Pardo, “no es algo prescindible, es un espacio que hay que privilegiar en esta relación gobierno-sociedad y no se puede obviar ni a las estructuras ni a los funcionarios”.
Por ello, critica que las decisiones de recortar salarios, prestaciones y plazas no hayan sido resultado de un análisis o un diagnóstico.
“Si a los funcionarios les están recortando sus ingresos, les están recortando sus seguros, les están recortando el gasto operativo e incluso los están despidiendo, eso se califica como maltrato porque no hay una reflexión previa, no hay una valoración”, reprochó.
Una APF sin definición
Para el profesor Pablo de la Peña Sánchez, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, la actual APF se encuentra en un impasse y en una indefinición.
“Han querido hacer tantos cambios y han querido, de alguna manera, desaparecer la estructura anterior, que se han encontrado en una situación en la que ni hay claridad de cuál va a ser la nueva característica de la Administración Pública Federal en México y hay una deformación de lo que existía”, dice.
Asimismo, considera que la austeridad ha llegado al límite en el que los servidores públicos con capacidad e interés en el servicio público van perdiendo vocación de trabajar en la APF, lo que pone en riesgo de corrupción a quienes laboran con bajos salarios.
“Ya lo vivimos, en los 60, en los 70, en otra época del PRI: la gente con bajos sueldos busca siempre más, ese es el mecanismo individual o del ser humano, siempre buscar más. Y a lo que voy es que si no encuentra suficiente recurso o sueldo en la labor que realiza, va a cometer esos actos de corrupción para compensar lo que no puede obtener, eso es lo que yo creo que pueda suceder y estamos en riesgo de que eso suceda inmediatamente”, considera.
“Sin transparencia”
Para Pardo y De la Peña, además, la actual APF no cumple, al menos con una de las características que la ONU eligió para definir a la Administración Pública: ser transparente.
Sobre todo, coinciden, porque el incremento en la utilización de la modalidad de la adjudicación directa en la asignación de contratos ha venido a acabar con la transparencia que debe regir en los gobiernos modernos.
ledz