Los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 dejaron daños asegurados por mil 585 millones de dólares, siendo el tercer evento catastrófico más costoso para la industria del país por abajo del huracán Wilma en 2005, que costó 2 mil 218 millones de dólares, de Odila en 2014, de mil 191 millones de dólares, y arriba del terremoto de 1985.
De las afectaciones, las firmas han pagado 71 por ciento del total de los daños asegurados a lo largo de estos dos años; sin embargo, Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), mencionó que desafortunadamente la cultura del aseguramiento no ha cambiado a pesar de las pérdidas y las afectaciones que representaron estos eventos para miles de familias.
“Es algo que nosotros no alcanzamos a entender; como una primera reacción en los meses posteriores a los sismos, particularmente en Ciudad de México, sí hubo un mayor nivel de aseguramiento que representó 1 por ciento de las primas, pero nosotros hubiéramos esperado más y desafortunadamente después algunas de esas pólizas se cancelaron al momento de la renovación y otras ya no se pagaron”.
En entrevista para MILENIO, Arias indicó que esto es algo particular, ya que a diferencia de las zonas que están siendo afectadas en mayor medida por huracanes, como la Riviera Maya y Cancún, así como Baja California Sur, sobre todo en Los Cabos, sí existe un mejor nivel de aseguramiento, porque la población en las zonas está compuesta principalmente por jóvenes y por los hoteles y restaurantes.
A pesar de esto, la industria continúa trabajando para generar conciencia sobre la importancia de estar asegurados y de proteger el patrimonio que puede desaparecer en unos minutos, por lo que el titular de la AMIS recomendó ser cautelosos, principalmente al definir el valor de la suma asegurada y recordar que las pólizas de daños catastróficos no incluyen ni el terreno ni el contenido de las viviendas, por lo que es importante fijarse bien en la suma asegurada.
Destacó que es importante asegurar el valor de la vivienda, pero también todo lo que hay dentro de ella, como enseres domésticos, electrónicos, incluso joyas, relojes, obras de arte, así como tener fotografías y archivos digitales de la factura de los bienes para que en el momento en el que ocurra algún evento exista la forma de demostrarlo, ya que este tipo de objetos se prestan para casos de fraude.
INCONSISTENCIAS EN SEDATU
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó 117.8 millones de pesos a 2 mil 378 beneficiarios que presentaban inconsistencias para recibir el apoyo para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El organismo señala que la mayoría de las inconsistencias se debían a que los nombres o apellidos de las personas que recibieron apoyos económicos no coincidían con los registros oficiales.
Además, se solicitó a la Sedatu que explique las razones por las cuales “893 registros en las bases de datos iniciales y finales tuvieron el mismo número de identificación, pero el nombre de beneficiario fue distinto, a fin de cumplir con la normativa establecida respecto de las excepciones para la dispersión de recursos y para que acredite la existencia de esos beneficiarios registrados y que éstos cuenten con los datos completos para ser susceptibles de recibir el apoyo.
Estas anomalías se deben a que se presentaron irregularidades desde el momento de levantar el censo y padrón de damnificados a cargo de la Sedatu, lo cual provocó una cobertura incompleta, así como dispersión y duplicidad de apoyos entregados.
La auditoría 2017-0-15100-07-1678-2018, explica que la información disponible no fue suficiente ni confiable para dar a conocer de manera oportuna y veraz a la población sobre el tipo y la magnitud de las afectaciones que tuvieron las viviendas.
El organismo señala que la Sedatu registró un total de 170 mil 57 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, pero solo se inscribieron 168 mil 256 inmuebles para recibir a los apoyos económicos que se cuantificaron en 8 mil 157 millones de pesos en ayudas mediante tarjetas electrónicas.
A pesar de lo anterior, la Sedatu desconoce si los beneficiarios lograron rehabilitar o reconstruir sus inmuebles, ya que solamente han supervisado 35 por ciento de los casos.
Las viviendas con daño total, la Auditoría reveló que aunque los censos contabilizaban 60 mil 302 hogares destruidos, solo se contrató el servicio de asistencia técnica para 43 mil 652 casos y de esos solo se realizaron 15 mil 373 asesorías completas, lo cual significa un incumplimiento de contrato por parte de 21 proveedores.
Y ADEMÁS
DAÑOS EN ESCUELAS Y HOSPITALES
Respecto a la reconstrucción de escuelas, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa reveló a MILENIO en agosto pasado que todavía hay 6 mil 700 escuelas de un total de 19 mil 194 dañadas durante los sismos.
Sobre los 132 hospitales dañados en septiembre de 2017, la ASF muestra que la Secretaría de Salud no pudo documentar de manera correcta el reporte en el que sostiene que ya fueron atendidos 28 unidades médicas.