Después de 100 días de que las autoridades sanitarias en México declararon al país en emergencia sanitaria por la epidemia del coronavirus covid-19, únicamente dos congresos estatales, los de Sonora y Coahuila, han instalado una comisión especial para dar seguimiento al uso de recursos públicos destinados para financiar la lucha contra la pandemia, de acuerdo con un reporte del mecanismo “Susana Vigilancia”, a cargo de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil AJ.
Según el reporte, pese a que se han destinado gran cantidad de recursos para hacer frente a la pandemia en México e incluso se ha solicitado deuda, el Congreso federal y los locales no han ejercido su facultad para monitorear esos recursos.
El análisis, difundido mediante un comunicado de las organizaciones, revisó las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia, pero encontraron que sólo los dos mencionados conformaron una comisión especial con esa finalidad.
No obstante, en el caso del congreso de Coahuila, advirtieron que el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.
Por otra parte, destaca el caso de Sonora porque es el único estado cuyo órgano de fiscalización superior, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, a petición del gobierno estatal, inició cuatro auditorías especiales en tiempo real vinculadas a los gastos derivados de la atención al covid-19: Servicios de Salud de Sonora, Secretaría de Desarrollo Social, Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo, de acuerdo con el mismo mecanismo de Susana Vigilancia.
En esta ocasión, las organizaciones también encontraron que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno.
Transparencia Mexicana y Tojil recordaron que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes, los cuales deben ser monitoreados.
Aunado a lo anterior, han iniciado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados.
“Una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país”, aseguraron las organizaciones.
Explicaron que las Comisiones Especiales son órganos colegiados, con la participación de todas las fuerzas políticas, cuya tarea es atender, investigar y observar asuntos de interés público y que el resultado de la eventual investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo.
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