El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, solicitó un amparo y protección de la justicia federal ante la falta de cumplimiento de las leyes ambientales para las obras de construcción del Tren Maya.
Con esta acción legal, presentada ante el Poder Judicial de la Federación en los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, la AZCARM busca la suspensión de las obras para la construcción del Tren Maya hasta que no se cuenten con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUTSF) y el Informe Preventivo para las Especies de Vida Silvestre para todo el proyecto.
“Los trabajos de construcción, los materiales que se utilizarán, la fragmentación del territorio, la kilométrica deforestación, la urbanización, el ruido y la contaminación que se generará con las obras y con la operación del Tren Maya son una grave amenaza para el jaguar y para muchas otras especies (…) que necesitan amplios territorios para poder reproducirse y desarrollarse de acuerdo a sus necesidades y esta región será fragmentada, aunque se cuente con supuestos pasos de fauna silvestre. La fauna que ahí habita es indispensable para mantener el equilibrio ecológico y un ambiente sano”, precisó el presidente de AZCARM.
En conferencia, destacó que además del jaguar, serán afectadas especies como ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, manatíes, loros, cocodrilos, guacamayos, pava cojolita, hocofaisán, guajolote ocelado, puma, saraguato, jabalí de labios blancos, entre otras.
Ernesto Zazueta destacó que la construcción del Tren Maya sin las autorizaciones correspondientes infringe los preceptos ambientales contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3 de la Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9 del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Asimismo señaló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha argumentado que la primera fase de construcción del proyecto es solo una “rehabilitación y mantenimiento de vía ferroviaria”, hecho que dijo es falso porque de los aproximadamente mil 500 kilómetros que se pretenden desarrollar, sólo en el 18 por ciento hay vías existentes, el resto se debe construir desde cero.
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Además, las vías existentes fueron construidas hace más de 100 años y su trazo y especificaciones no se ajustan a las necesidades de un tren moderno de pasajeros. Por lo que técnicamente es imposible usar lo existente.
De acuerdo con la página oficial del proyecto Tren Maya, la ruta que recorrerá cinco estados del sureste contempla 19 estaciones y 12 paraderos. Esto requiere de amplias extensiones de terrenos para la infraestructura de zonas para pasajeros, comercios y todos los servicios turísticos.
Los polos de desarrollo implicarán un profundo proceso de urbanización y la generación de múltiples actividades económicas. Y es que espera un transito de alrededor de 60 mil pasajeros al día y más de 18 millones de pasajeros al año que irán creciendo hasta llegar a 46 millones de turistas al año, lo que implicará tener una infraestructura titánica para atender a esta enorme cantidad de población flotante.
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De esa forma, Ernesto Zazueta explicó que la AZCARM presentó el amparo, en primera instancia porque las autoridades responsables iniciaron las obras sin contar con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental del trazo completo, y al ser un proyecto que pone en riesgo todo un ecosistema que alberga la biodiversidad más importante del país, no se puede exentar de presentar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que exige la Legislación Mexicana para todo el proyecto.
En segundo término por la falta de autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUTSF), en razón de que la deforestación que pretenden realizar, 800 hectáreas solo para la primera fase, también constituye una violación directa al derecho de un ambiente sano.
Y en tercer lugar por la grave afectación a especies de vida silvestre que pretenden remover de su hábitat para realizar las obras del Tren Maya, especies que están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin contar con las opiniones por parte de Dirección General de Vida Silvestre (DGVS).
Ernesto Zazueta hizo un llamado a todas las organizaciones ambientales nacionales e internacionales y también a los partidos políticos a que se sumen a seguir luchando contra este proyecto que, enfatizó, no es un proyecto de desarrollo ni de progreso para el sureste sino de clara destrucción a nuestra biodiversidad.
irh