Un Tribunal Colegiado en Yucatán y juez de Distrito en la Ciudad de México otorgaron las primeras suspensiones provisionales que impiden solicitar la entrega de datos biométricos para la Clave Única del Registro de Población (CURP).
Los quejosos se ampararon contra las reformas a la Ley General de Población (LGP).
En Yucatán, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa resolvió un recurso de queja interpuesto por un ciudadano que impugnó que, un juez federal rechazó concederle la suspensión provisional contra diversos artículos del decreto que creó la entrega de datos biométricos.
El Tribunal de Alzada estimó que, pese a que las modificaciones busquen el fortalecimiento de una base de datos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, sí procede otorgar la medida cautelar solicitada contra el contenido en el mencionado estatuto.
En el expediente se menciona que el juez que negó la suspensión opinó que paralizar el procedimiento de implementación de dichas disposiciones sería perjudicial ante el interés de la sociedad de que se fortalezca la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal no compartieron el alegato.
“En el contexto narrado, este tribunal estima que, contrario a lo sostenido por el juzgador federal en las circunstancias del caso concreto sí es posible conceder la suspensión provisional únicamente respecto de la Ley General de Población, en un análisis realizado bajo la apariencia del buen derecho”, detalla la resolución.
Ciudad de México
Por su parte, Ulises Oswaldo Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió suspensiones a Alejandro García Lumbreras y Víctor Manuel Carrillo Solís, dentro de los juicios de amparo 1309/2025 y 1316/2025, respectivamente.
“En el caso, este órgano jurisdiccional considera que es material y jurídicamente factible conceder la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que no se obligue a la parte quejosa a proporcionar sus datos biométricos y sensibles para la integración de su Cédula Única de Registro de Población, en los términos precisados por los preceptos reclamados; pues se trata de una medida transitoria que puede materializarse de momento a momento y revocarse en caso de que se negara la protección constitucional, mientras que la entrega de sus datos biométricos, una vez realizada, sería irremediable”, señalan los acuerdos.
El juzgador fijó para el 1 de septiembre la celebración de la audiencia incidental en la que determinará si otorga la suspensión definitiva.
EHR