El ámbito e interés político no debe mezclarse con la impartición de justicia en el caso del presidente municipal de Tula de Allende, demandó el representante ante el Instituto Estatal Electoral (INE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, pues las circunstancias de este hecho únicamente reflejan una persecución en contra de los perfiles que pretenden competir bajo las siglas del Frente Amplio por México y el miedo del gobierno federal a que la oposición se mantenga unida en los próximos comicios.
Lo anterior, apuntó, debido a que no se respetó por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) el amparo otorgado al edil que lo protegía de cualquier orden de presentación o aprehensión en su contra, lo cual es una omisión muy grave a un mandato del Poder Judicial, lo cual únicamente refleja el temor de Morena y del presidente de la República a que los partidos que integran la alianza opositora y los resultados que puedan generar en las urnas el próximo año.
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“El presidente tenía, al momento de su detención, un amparo que había sido otorgado por autoridad judicial, en ese sentido es de señalar que tiene que explicar la PGJEH porque implementó una orden de presentación, si tenía un amparo y estaba protegido por el poder judicial, es algo grave y se debe aclarar; porque parece que no hay Ley que valga cuando hay un objetivo claro para la PGJEH, eso es grave, porque teniendo un documento que lo amparaba y protegía de cualquier orden de presentación, la autoridad hizo caso omiso y de todas formas lo detuvo; desde nuestro punto de vista es evidente que se viola la constitución, el estado de derecho, los derechos ciudadanos del alcalde, porque estaba atendiendo todos y cada uno de los aspectos de la carpeta de investigación, se protegió como cualquier ciudadano tiene derecho, con un amparo para no ser detenido y estar resolviendo administrativamente lo que se le pedía, pero esto no importó”, sentenció.
Ávila Romero consideró el objetivo de la autoridad estatal la detención del presidente municipal, para exponerlo, presentarlo, por lo cual emitió un llamado a la autoridad para que se conduzca de manera imparcial y en apego a derecho, sin integrar tintes políticos, igualmente, apuntó, el equipo jurídico hará lo propio en instancias judiciales para hacer valer el amparo, porque parece que no hay división de poderes.
“Por supuesto que no debería mezclarse, pero la realidad digamos que hay una evidencia que Manuel Hernández ha sido impulsor del Frente Amplio, ha declarado sus intenciones de participar en el proceso que viene como posible aspirante al Senado por Hidalgo y en estos momentos que vemos a nivel nacional, con el presidente como persigue a los opositores que levantan la mano cuando quieren participar, pues hoy con el tema de Manuel, en los hechos, es que si alguien que levanta la mano para competir por los cargos importantes el siguiente año, y se le detiene, por supuesto que existe el componente político, por eso pedimos y exigimos que este tema sea resuelto con el tema judicial, porque si es con el tema político, evidentemente llevará las de perder, porque pareciera que la autoridad tiene otro interés”, reiteró.
Por su parte, el encargado de los Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del sol azteca Francisco Ortega Sánchez lamentó los señalamientos en contra del presidente municipal de Tula por su posible vinculación en la llamada “Estafa Siniestra”, así como la omisión de fincar o deslindar responsabilidades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno federal, así como los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) en los sucesos que derivaron en la inundación de Tula de Allende.
“Todo mundo habla de la ‘Estafa Siniestra’, y este acontecimiento no se dio precisamente con esos orígenes ni en esa coyuntura, es distinto, hasta por la temporalidad, pero pues seguiremos atendiéndolo. Desafortunadamente en Tula conocemos el fenómeno meteorológico que afectó en toda la región y en consecuencia inundó el centro de la ciudad y afectó otras comunidades, no fue un problema menor, fue muy grave y con consecuencias muy graves y hubo señalamientos diversos respecto de las responsabilidades que debe asumir cada nivel de autoridad o de gobierno sobre el tema”.
“Desafortunadamente se planteó un señalamiento respecto a los colchones que adquirió el ayuntamiento para apoyar a los damnificados, tenemos conocimiento que un grupo de ciudadanos inició una carpeta y se está tratando, por cierto para saber si eran colchones eran nuevos o no, de ese nivel tenemos la atención de los temas, eso podría resolverse con un dictamen técnico, sin embargo ahí se guarda y ahí se queda; desde entonces planteamos al presidente que debía haber un deslinde muy claro respecto de la responsabilidad de los niveles de gobierno, de esa catástrofe, porque los afectados fue el municipio de Tula, pero el problema viene de Conagua, de CdMx, Edomex, del gobierno federal, tenía ser clara la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal, de los orígenes y consecuencias de ese fenómeno, pero ahí la repartición de culpas se fueron con lo más cercano, hubo una campaña orquestada contra la autoridad municipal”, concluyó.
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