La Contraloría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) incluyó en la investigación en proceso contra Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solutions a Víctor Manuel Salazar, funcionario de la Dirección de Adquisiciones y suegro de la apoderada legal de las 3 empresas, Susana Elizabeth Benavides Ibarra.
Luego de que MILENIO revelara ayer el parentesco entre ambos, fuentes universitarias confirmaron que esta situación también se indagará dentro de las pesquisas.
El área de Adquisiciones de la UANL está bajo la lupa, luego de que se diera a conocer que las empresas de Benavides Ibarra facturaron más de 47 millones de pesos como proveedoras, pese a no cumplir con los requisitos para acceder al padrón.
De acuerdo con personal allegado al caso, los resultados finales de la investigación estarían listos entre miércoles y viernes de la próxima semana.
La demora, según explicaron, obedece a que se están analizando todos los pormenores sobre el ingreso de las citadas razones sociales al padrón de proveedores, los pagos realizados, que se hayan entregado los servicios y productos contratados, y los posibles conflictos de interés.
También se revisa a detalle la actuación de las empresas Bond Business y Formas Futuras, que bajo un esquema similar facturaron entre 2017 y 2020 más de 66 millones de pesos a la Máxima Casa de Estudios.
Por último, se anexó a la investigación el parentesco entre Salazar y Benavides Ibarra.
Al menos 3 integrantes de la Universidad confirmaron que el funcionario laboró durante años en Banorte, y al concluir su relación de trabajo fue invitado a la Dirección de Adquisiciones por Hermilo Valdez.
En un comunicado difundido hace unas semanas sobre el caso ya ventilado, la Autónoma de Nuevo León prometió que “en caso de existir irregularidades de corte legal o evidenciarse conflicto de intereses, procederá a aplicar su reglamento interno”. _