Por presuntos actos de corrupción y tras una investigación interna a causa de diversos reportajes hechos por MILENIO, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que sancionará a dos de sus trabajadores.
A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios dio a conocer que la auditoría interna promoverá ante la Contraloría General (autoridad substanciadora de la UANL) y las instancias competentes, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable, las sanciones.
En el caso de Hermilo Valdez Pérez, quien se desempeñaba como director de adquisiciones, se aplica la destitución definitiva e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Previamente la UANL lo había removido de su cargo y había dejado pendiente su futuro laboral, tras ser vinculado al pago de bienes y servicios por más de 100 millones de pesos a empresas fantasma.
Para llegar a esta resolución, la auditoría de la UANL detectó anomalías que señalaron en el comunicado, entre ellas ineficiente operación de mecanismos de control y supervisión en el Registro de Padrón de Proveedores y procedimientos de contratación, incumplimiento de al menos 18 meses de iniciadas las operaciones en el giro o especialidad de la empresa y no presentar su cartera de clientes.
De igual forma se le señala por deficiencias en contratación sin ajustarse a los montos máximos, entre otros que se involucran en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El otro funcionario sancionado es Víctor Manuel Salazar, quien estaba en el mismo departamento, y es suegro de la apoderada legal de las empresas Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solutions, Susana Elizabeth Benavides Ibarra. Él será sujeto a la sanción correspondiente por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por posible conflicto de interés.
En diversos reportajes hechos por MILENIO se dejaron al descubierto las operaciones de las tres factureras antes mencionadas y otras más que se sumaron a lista negra del fraude producto de las transacciones realizadas en un lapso de tres años.
La UANL continuará con la averiguación junto a otras instancias fiscalizadoras, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, de tal forma que quienes adicionalmente resulten sospechosos estarán bajo la lupa hasta deslindar responsabilidades.
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