Mónica Bauer Mengelberg, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo en Latinoamérica y esposa del magistrado presidente José Luis Vargas también fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusada de haber constituido, junto a su esposo, una presunta red de empresas fachada para triangular recursos y enviar depósitos al extranjero.
De acuerdo a las indagatorias de la UIF, la familia Vargas Mengelberg no solo tiene un estilo de vida que resulta injustificable en comparación con sus ingresos, por lo que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue denunciado por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sino que además, existen evidencias del delito de lavado de dinero, evasión fiscal y un esquema de empresas fachada para triangular recursos al extranjero.
Las nuevas investigaciones de la UIF en las que se sustenta esta denuncia determinaron que el magistrado José Luis Vargas junto con un familiar, y un grupo de personas físicas y morales “operaron instrumentos financieros y corporativos” para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, y que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria.
Funcionarios de la UIF confirmaron a MILENIO que las dos personas físicas a las que se refieren son el magistrado Vargas y su esposa. Los depósitos se habrían realizado a cuentas en el extranjero de Mónica Bauer, vicepresidenta de la compañía de refrescos. Y ninguno habría reportado en sus declaraciones fiscales estos movimientos ni su origen.
Vargas y su esposa habrían realizado transferencias al extranjero y constituyeron empresas “cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
En diciembre de 2020, MILENIO reveló que la UIF detectó que el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez compró residencias en Miami valuado entre los seis y 10 millones de pesos; en Valle de Bravo por siete millones 100 mil pesos; en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos; y Polanco por tres millones 511 mil 900 pesos, sin que estos montos coincidan con los ingresos anuales que reportó por dos millones 400 mil pesos.
También encontraron depósitos por 500 mil pesos en efectivo, sin que exista justificación alguna para este movimiento pues el magistrado se encuentra constitucionalmente impedido a tener ingresos adicionales a su labor de juzgador electoral; aunque la FGR decidió cerrar el caso y determinar el no ejercicio de la acción penal, la UIF se encuentra litigando esta decisión.
En diciembre de 2020, el magistrado presidente José Luis Vargas sostuvo que todo su patrimonio era compartido con su esposa quien cuenta con un trabajo sólido y mayores ingresos que los suyos, sin embargo, de acuerdo a las indagatorias de la UIF existiría inconsistencia en los movimientos financieros de los dos, que no tienen justificación entre sus ingresos y el estilo de vida que mantienen.
Ayer, en un comunicado, Vargas reiteró su inocencia por el delito de enriquecimiento ilícito, pues aseguró que tras varios meses de investigación, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determinó que no hay ninguna inconsistencia en su patrimonio ni en su gastos.
LG