La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que Sonia Vargas Terreros, actual coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares a favor de empresas relacionadas con Genaro García Luna como parte de un entramado de extracción de recursos públicos para beneficiar al ex funcionario.
En la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que estos y otros contratos se dieron cuando Vargas Terrero fungía como directora de recursos materiales de la Policía Federal y forman parte del litigio que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos, para recuperar 700 millones de dólares.
“Estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México. Nosotros esperamos que toda esta trama se abra también en un juzgado penal mexicano, creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo el gobierno federal a través de la UIF, la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado y estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos”, dijo Gómez.
Esta funcionaria fue exhibida por el Presidente la semana pasada por ser contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pese a que trabajó en la Policía Federal como directora de recursos materiales en tiempos de García Luna.
Aseguró que Vargas Terrero está involucrada en las investigaciones de entrega de contratos “ilegales e inmorales” de la Policía Federal (PF) en el sexenio de Felipe Calderón y por eso hoy estuvo Gómez en Palacio Nacional.
Y es que Gómez mostró una lista de otros funcionarios, además de Vargas Terrero, que también entregaron contratos. Se trata de personajes de primer nivel como Rodrigo Esparza Cristerna ex comisionado de la Policía Federal que entregó contratos por 59.3 millones de dólares; Facundo Rosas, Comisionado Federal de la PF (25.8 millones de dólares), Luis Cárdenas Palomino (2.5 millones de dólares), entre otros.
- Te recomendamos Evitar que Guardia Nacional no pase a la Sedena "será un error garrafal", advierte AMLO a la Corte Política
Los contratos fueron para obtener sistemas de rastreo, localización de redes celulares y en materia de seguridad de la empresa Nunvac relacionada con García Luna y a los empresarios Mauricio Samuel Weinberg e Israel Linman.
“Estamos hablando de un gigantezco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes, que procura que a través de un juicio civil sea restituido a México, todos estos recursos, el juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una Corte de Florida”, agregó.
LP