Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), escribió un tuit que zanjó un problema que la Secretaría de Bienestar venía acarreando desde el mes de marzo: un presunto fraude con tarjetas bancarias de programas sociales.
“Ante la alerta de la @bienestarmx, la #UIF ha identificado al autor del fraude bancario contra personas, a quienes se les ofrecía supuestos apoyos sociales por la emergencia #covid-19 a cambio de un depósito. Hemos congelado las cuentas y dado vista al sistema financiero”, escribió Nieto Castillo.
Los falsificadores pedían a los potenciales beneficiarios, habitantes de Chiapas, depositar 300 pesos, incluso desde una tienda de conveniencia, a una cuenta bancaria, para poder “activar” el plástico para supuestamente tener acceso a los recursos.
Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no tiene una cifra exacta de cuánta gente cayó en la trampa.
¿Pero cómo dieron con el autor del fraude?
Aunque no fue fácil, el presunto delincuente fue aparentemente ingenuo: “detectamos que el número de la tarjeta era el número de cuenta y lo informamos a la UIF”, explicó brevemente una fuente de la dependencia.
La Secretaría de Bienestar, específicamente la subsecretaría que encabeza Ariadna Montiel, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora es una investigación en proceso, por lo cual no se pueden dar más detalles del caso.
Sin embargo, las tarjetas bancarias mediante las que se reparte dinero de programas sociales a población vulnerable han sido objeto en numerosas ocasiones de intentos de fraude, mediante falsificaciones como la de esta ocasión, pero también por clonaciones, incluso operadas desde el interior de la institución bancaria oficial, ahora Banco del Bienestar, antes Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi).
No obstante, especialistas en diferentes disciplinas coinciden en que las tarjetas bancarias son la manera más segura y eficiente para dispersar recursos públicos destinados a apoyos sociales, pues evitan el movimiento de efectivo y permiten seguir el rastro del dinero, lo que facilita la rendición de cuentas.
“Sería peor el uso del efectivo, es mucho mejor tener una línea electrónica, es lo que hace los países en general”, opina Gonzalo Hernández Licona, ex titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El problema en esta ocasión ni siquiera fue que se vulnerara el sistema informático que dispersa el dinero, sino el burdo intento de fraude al entregar plásticos apócrifos a cambio de dinero.
Y eso, coinciden, es resultado de un error de comunicación desde el gobierno federal, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre, como es la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de ella.
“Nadie está exento, en este momento, de que lleguen a tu casa o que te llamen por teléfono o te manden un mensaje a las redes sociales y te digan que para ser beneficiario de un bono tienes que darte de alta”, opina Mario Di Constanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien afirma que no se ha dado la información suficiente y necesaria para conocer cómo acceder a los apoyos.
“Se presta mucho a esto y más cuando se ha anunciado que se está dando un apoyo a pequeñas y medianas empresas, de lo que yo he visto muy poca publicidad sobre qué es lo que se tiene que hacer para estos 25 mil pesos. Tal parece que el que está tomando la iniciativa para ponerse en contacto con las personas es el gobierno, en un proceso inverso, cuando en teoría debe ser diferente: que los interesados busquen al gobierno”, dice.
Con él coincide Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, quien dice que el gobierno no ha sabido emplear la comunicación social para informar a la gente sobre los beneficios por la estrategia de comunicación política actual de centrar todo en la figura del Presidente.
Necesitas comunicación muy distinta, dice, no es una comunicación social masiva, es una comunicación que tiene que estar aislada de la parte política, no sólo porque puede ser un delito electoral, sino porque es un tipo de comunicación muy difícil: “estás hablando con población que habla distintas lenguas, que está ubicada en lugares inaccesibles, no es fácil alertar en general, no es una campaña general, debe ser una campaña muy dirigida al derechohabiente”.
Asimismo, considera Bohórquez, debe alertarse a la población que esa situación de la que probablemente fue víctima es un delito, porque quizás ni lo sabe, para evitar que vuelva a vivirla.
“Se tiene que dejar en claro que se está investigando y sancionando estos delitos y no porque se tenga una obsesión punitiva, sino porque es muy importante que se sepa que hay un delito, un ilícito, que se está cometiendo, y que el Estado, cuando se meten con los más pobres, va con todo el poder’”, afirma el especialista anticorrupción.
Historial de fraudes
Cometer fraudes con tarjetas bancarias tiene un largo historial en diferentes estados del país, que involucran incluso a servidores públicos e instituciones del gobierno, como el mismo Bansefi.
En octubre de 2015, el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Nuevo León denunció que la empresa Banco Azteca presuntamente habría “robado” recursos económicos a personas adultas mayores beneficiarias del del programa 65 y más al momento de acudir a la ventanilla de sucursal.
En diciembre de 2017, la Condusef informó que investigaba la presunta clonación de tarjetas bancarias del programa Prospera, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Quintana Roo; se estimó que el presunto fraude había resultado en el despojo de casi un millón de pesos a más de 300 beneficiarios del municipio de Solidaridad.
En enero de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que encontró irregularidades en la entrega de apoyos económicos a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017 en las que Bansefi emitió cuatro mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios, es decir que hubo 3 mil 79 plásticos de más.
Ese mismo mes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, Gerardo Islas Maldonado, informó que la Fiscalía General del Estado inició el proceso judicial en contra de cuatro presuntos responsables de retirarles las tarjetas de Bansefi a afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, que en ese momento se encontraban detenidos.
En febrero del 2018, Manuel Tapia, delegado federal del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Sonora, informó que existían varias denuncias sobre personas que llegaban a los domicilios “con falsas promesas de que los van a inscribir en algún programa social” a cambio de una recompensa económica.
En abril del 2019, el mismo esquema se había dado en Puebla, en el municipio de Izúcar de Matamoros: supuestamente los encargados de entregar el apoyo de la Secretaría de Bienestar pedían el depósito de 100 pesos en un número de cuenta, para con esto dar el permiso de pase a los afectados para retirar su efectivo.
También en febrero del 2018, la Secretaría de la Función Pública informó que sancionó y denunció ante la PGR a 468 promotores de programas sociales de Sedesol que plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.
ledz