La Unidad de Inteligencia Financiera rechazó que se niegue a colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE), por el contrario, ventiló que se han hecho requerimientos que no están autorizados en la ley y que implicarían una violación a las atribuciones de la UIF, y que tienen como objetivo indagar a personas de las que la autoridad electoral no tiene facultades para pedir información.
Durante la sesión del Consejo General del INE de este jueves, la consejera Carla Humphrey pidió “evidenciar la falta de cumplimiento a sus obligaciones” de varias instancias, entre ellas la UIF, que sostuvo, no ha respondido el 89 por ciento de los requerimientos.
Lo que replicó la UIF que encabeza Pablo Gómez en un comunicado, en donde, por primera vez, le dio respuesta a la consejera de forma directa, al asegurar que “es falso lo sostenido por la consejera Carla Humphrey”, y afirmaron que incluso, han tenido que explicarla al INE cuáles son los parámetros constitucionales y legales para estas solicitudes.
“La UIF ha dado respuesta a los distintos requerimientos por los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha solicitado información de diverso carácter; sin embargo, en la mayoría de los casos, ha sido necesario prevenir a la autoridad electoral para que sus peticiones se ajusten estrictamente a los parámetros dispuestos por la Constitución, la legislación y la normatividad aplicable”.
Y dejó claro que la UIF “no transmitirá al INE ni a otra autoridad información cuando ello resulte ilegal”.
En el comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que el marco jurídico determina que “es una instancia gubernamental con atribuciones para resguardar la estabilidad en el sistema financiero nacional, así como, en colaboración con otras instancias del Estado mexicano y del ámbito internacional, prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y coadyuvar en su combate”.
Por lo que fueron insistentes en que algunas de las peticiones que ha realizado el Instituto Nacional Electoral rebasan tanto las facultades legales del instituto como de la UIF.
“La UIF no cuenta con atribuciones para determinar la capacidad económica de las personas, dar a conocer su situación fiscal o transmitir su información financiera cuando no está relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hacerlo, puede vulnerar derechos de las personas y violentar el marco jurídico.
“El INE tiene capacidad para superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal sin intermediación de autoridad alguna; si precisa información de personas físicas o morales sujetas a algún procedimiento electoral, la puede obtener directamente requiriéndola a las instituciones financieras y fiscales de país”.
Las críticas de la consejera integrante de la Comisión de Fiscalización del INE comenzaron después del cambio de titular en la UIF, que anteriormente encabezaba su esposo Santiago Nieto y que ahora lidera Pablo Gómez.
Sin embargo, aunque la consejera fue la única en hacer mención de esta falta de información de la UIF en la mesa del Consejo General, el informe que presentó la Comisión de Fiscalización y que es avalado por todos sus integrantes, también acusa que “con el último cambio de titular, la atención a las solicitudes se ha frenado”.
EHR