Las universidades públicas del país arrastran un déficit presupuestario acumulado de 55 mil 400 millones de pesos, mientras en los últimos ocho años han incrementado su matrícula en 18 por ciento, alertó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Durante la LXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada en Acapulco, Guerrero, rectores y autoridades educativas plantearon la necesidad de garantizar recursos suficientes y previsibles para las instituciones públicas de educación superior, ante el crecimiento de sus responsabilidades y los desafíos que enfrentan en materia de seguridad, desarrollo tecnológico e inteligencia artificial.
El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, señaló que el déficit de 55 mil 400 millones de pesos se ha acumulado como consecuencia de asignaciones presupuestarias anuales inferiores al deflactor del Producto Interno Bruto (PIB).
En medio del llamado del Gobierno federal para que las universidades aumenten espacios, la ANUIES advirtió que las universidades atienden a una población estudiantil cada vez mayor, pues entre 2018 y 2026, la matrícula de la educación superior pública aumentó 18 por ciento, pese a las restricciones económicas que enfrentan las instituciones.
“No podemos seguir ampliando responsabilidades sin contar con los recursos necesarios para cumplirlas. La educación superior pública requiere un financiamiento correspondiente a su importancia estratégica para el desarrollo nacional”, señaló.
El dirigente de la ANUIES señaló que las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y ambientales del país demandan una mayor capacidad de respuesta de las universidades, por lo que llamó a reafirmar su responsabilidad de garantizar una educación superior pertinente, incluyente y comprometida con el bienestar de las personas y el desarrollo de México.
Gustavo Cruz Chávez, coordinador general de Vinculación Estratégica de la ANUIES, y Enrique del Val Blanco, coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional de la UNAM, presentaron un balance de la situación de los recursos federales destinados a las instituciones de educación superior y del proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Universitaria e Intercultural, quien acudió en representación del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó las acciones y proyectos federales dirigidos al sector y reconoció el compromiso del gobierno de Guerrero de alcanzar en 2030 una aportación estatal equivalente al 50 por ciento del financiamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
La rectora de la UAGro, Leticia Jiménez Zamora, destacó la dimensión de las responsabilidades que recaen sobre las instituciones públicas. De acuerdo con las cifras presentadas durante la reunión, las universidades públicas concentran 62 por ciento de la matrícula nacional, con 3.5 millones de estudiantes de educación superior, desde técnico superior universitario hasta posgrado, además de casi 800 mil alumnos de nivel medio superior.
Jiménez Zamora sostuvo que las universidades públicas constituyen la columna vertebral del desarrollo educativo, científico y social de México y señaló que sus comunidades académicas participan en la atención de problemas nacionales que van desde la crisis hídrica y la rehabilitación de infraestructura hasta la evaluación ética de la inteligencia artificial y la construcción de una cultura de paz.
La rectora expresó la disposición de las instituciones públicas para participar en los proyectos de transformación impulsados por el gobierno federal, pero mantuvo la exigencia de contar con un presupuesto suficiente, equitativo y previsible.
Seguridad de estudiantes, responsabilidad de las autoridades
Otro de los temas centrales de la sesión fue la violencia que afecta a las comunidades universitarias. Ante los recientes casos de violencia y desaparición de estudiantes, la ANUIES hizo un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad física y la integridad de los jóvenes.
González Placencia enfatizó que la seguridad en los entornos universitarios y en las rutas utilizadas por los estudiantes para llegar a los planteles es responsabilidad de las autoridades gubernamentales y no de las propias universidades.
El planteamiento coloca la seguridad como uno de los principales desafíos que acompañan la expansión de la educación superior pública, particularmente en instituciones que atienden comunidades distribuidas en amplios territorios y cuyos estudiantes deben desplazarse diariamente hacia los centros educativos.
IA y celulares entran en la agenda universitaria
La ANUIES reafirmó el compromiso de las instituciones de educación superior de incorporar nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial desde una perspectiva ética, humanista y de responsabilidad social.
Respecto de las medidas para regular el uso de pantallas y teléfonos celulares impulsadas por la Secretaría de Educación Pública y el Ejecutivo federal, las universidades públicas respaldaron que, en el caso de la educación superior, las decisiones queden en manos de cada rectoría, de manera que las instituciones puedan establecer sus propios criterios y fomentar el aprovechamiento académico de estas tecnologías.
“Es momento de transformar nuestras coincidencias en acuerdos, nuestros acuerdos en acciones y nuestras acciones en resultados que beneficien directamente a nuestras y nuestros estudiantes”, afirmó González Placencia.
AH