La bancada de Morena en el Senado presentará hoy la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para privilegiar la contratación de organismos públicos en vez de las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones privadas.
En la iniciativa del coordinador morenista, Ricardo Monreal, se plantea que, de aprovechar el conocimiento generado en organismos públicos nacionales, se pueden materializar los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
“Que constituyen la guía taxativa para el adecuado ejercicio de los recursos públicos y, por tanto, de toda contratación en el ámbito público”, explica la iniciativa.
Se destaca que hoy en día, el país cuenta con un amplio número de centros e institutos de investigación en los que se genera y desarrolla gran cantidad de innovaciones y nuevo conocimiento.
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“En México existen más de 350 institutos y centros de investigación dependientes de entidades u organismos de la Administración Pública Federal y de instituciones de Educación Superior, todos ellos financiados con recursos públicos”
Por otra parte, se tiene un sólido aparato científico integrado por más de 25 mil científicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por ejemplo.
Por ello, se propone modificar el artículo 9º Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para determinar que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, se abstendrán de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cuando los productos de tales servicios puedan ser realizados por los servidores públicos de tales dependencias y entidades”.
Asimismo, la propuestas de Monreal plantea cambiar el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que la contratación de los servicios a se realicen con instituciones públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de Investigación.
“Siempre y cuando éstos acrediten, de manera fehaciente, que cuentan con las capacidades para prestar los servicios o generar los productos por sí mismos”.
El documento propone que, de manera excepcional, dichos contratos podrán realizarse con otros entes y organizaciones distintos de los señalados en el párrafo anterior. En tal caso, la dependencia o entidad contratante deberá fundar y motivar su decisión.
EVL