El Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá un recurso legal en contra de la Tarjeta Regia que propuso el priista Adrián de la Garza durante su campaña, una vez que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó la queja existente.
Édgar Reyna, representante jurídico de Acción Nacional y de Felipe de Jesús Cantú, explicó que el motivo inicial de la denuncia es que el partido tricolor se hizo de una base de datos con información personal de simpatizantes, la cual habría utilizado posteriormente con fines clientelares.
Ante ello, la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral (CEE) emitió una medida cautelar contra la repartición de tarjetas; sin embargo, esta fue revocada por el órgano jurisdiccional local, al señalar que no existe prohibición contra este tipo de propaganda, aunque incluya un espacio para asentar datos personales de un posible beneficiario.
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El abogado mencionó que ya existen antecedentes de esta clase de proselitismo, como el caso del Estado de México, con Alfredo del Mazo; en Coahuila, con Miguel Riquelme, y en la elección presidencial, con José Antonio Meade, todos abanderados del PRI.
“El día de la elección, utilizando la base de datos que se generaron con la tarjeta y violando la veda electoral, mandaron mensajes de texto a toda esta base de datos, a mujeres, diciéndoles todavía más mentiras: ‘ve y vota por Adrián y activa tu tarjeta’. ¿Cuál tarjeta? Eso nosotros lo acreditamos con notario.
“El Tribunal Electoral, ayer, de manera facciosa, tendenciosa, vuelve a resolver a favor de Adrián y le dice: ‘no está prohibida esa propaganda’. Pero ¿qué pasa? Nosotros no pedimos que se suspendiera la propaganda, lo que pedimos que suspendiera es la base de datos que estaban generando. El Tribunal se equivoca, vuelve a darle por donde nadie le está pidiendo”, declaró Reyna.
Por tal motivo, el PAN presentará un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal local, que posteriormente será remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El plazo culmina el próximo martes.
En su opinión, el Tribunal local actuó nuevamente para favorecer al Partido Revolucionario Institucional, pues la resolución es ilegal.
“El tema no es la propaganda, sino la base de datos, que además se acreditó que sí la utilizaron el día de la elección”, insistió.