Ante la intención de incrementar las tarifas camioneras, el Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León (PRI) alista una iniciativa para crear la Procuraduría para la Defensa del Usuario del Transporte Público y que ésta sustituya al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad.
A través de un comunicado, Pedro Pablo Treviño Villarreal, dirigente estatal del PRI, aseguró que la creación de esta nueva área sería autónoma y descentralizada del Gobierno para evitar que se politice el tema, por el contrario, destacó que la idea es dotar de mecanismos de defensa a la ciudadanía cuando el servicio sea inseguro y deficiente.
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“El Consejo Estatal del Transporte ha recibido, en los últimos cuatro años, más de 26 millones de pesos, mismos que no se han transparentado y mucho menos rendido cuentas ante la Auditoría Superior del Estado. Esto debe ser sujeto obligado en las normas de transparencia y rendición de cuentas.
“Sugerimos crear un órgano que defienda a la ciudadanía. De ninguna manera aceptaremos un incremento a las tarifas, más todavía si el servicio es deficiente”, dijo.
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Por su parte, Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, confirmó que esta nueva Procuraduría sustituiría al actual Consejo del Transporte y tendría participación ciudadana en su mayoría, contrario a que actualmente dicho Consejo está compuesto por empresarios del ramo.
En este sentido, adelantó que la Procuraduría sería la encargada de determinar los ajustes tarifarios en función de un análisis y estudio exhaustivo, adicional a ello, dicho ente deberá ser transparente y fiscalizado en el manejo de sus recursos, situación que no ocurre actualmente con el Consejo.
“Se trata de crear una Procuraduría para la Defensa de los Usuarios, que sustituiría al actual Consejo Estatal del Transporte, y esta nueva instancia estaría dotada de autonomía para tomar decisiones, con participación mayoritariamente ciudadana, con un Director General, nombrado por el Congreso y con las atribuciones que actualmente cuenta el Consejo Estatal, pero con transparencia y fiscalizaciones, sería el órgano responsable de determinar las tarifas en función de estudios y, a su vez, dotaría de herramientas para la defensa del usuario ante cualquier abuso”, refirió.
Podría ser este lunes cuando la bancada del PRI esté presentando en el pleno la mencionada iniciativa.