En lo que va del año, la Contraloría del Poder Legislativo ha recibido 214 denuncias en contra de funcionarios municipales, por falta de pago de sueldos, entorpecer o desmantelar los sistemas municipales anticorrupción, entre otros cometidos que pueden ser sancionadas con amonestación, destitución del cargo o hasta inhabilitación para ocupar puestos públicos por 20 años.
En entrevista, el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, dio a conocer que no todas las denuncias tienen fundamentos sólidos o incluso están dentro del ámbito que le corresponde a este órgano, donde en promedio se sanciona a siete de cada 10 denuncias recibidas.
De las denuncias que han recibido se han derivado, hasta el momento, 37 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa donde las sanciones son muy variables, dependiendo del tipo de falta o si hay reincidencia, entre otros factores.
“Los asuntos en los cuales se ha impuesto sanción de inhabilitación, corresponden a servidores públicos que no cumplen con su proceso de entrega recepción, no devuelven los bienes que tenían asignados o bien falsifican documentos oficiales” indicó Hernández Vences.
Las cifras
En números generales, los municipios con más denuncias en lo que va del año son Naucalpan con 21, Amanalco con 9, Calimaya con 8, Ecatepec 7 y La Paz con 5, principalmente.
El caso de Naucalpan está a la cabeza por las denuncias por falta de pago de sueldos en administraciones pasadas, donde se presentaron graves problemas financieros que generaron muchas inconformidades.
Respecto a las sanciones, en este año llevan 25 con diversos tipos de castigos, sin que haya temas considerados graves, aunque varios procedimientos siguen en curso y todavía no son determinados.
El contralor Hernández, del Poder Legislativo, indicó que prácticamente es el inicio de las administraciones municipales y la gente está más enfocada en otros temas por el momento, pero en el transcurso del año podrían recibir más denuncias que deberán revisar a detalle para ubicar si existen faltas a la ley y de que magnitud y la necesidad de sancionar a los funcionarios de elección popular.
BAFG