Los acaparadores de agua, entre los que se encuentran mineras y refresqueras, son los principales responsables de que los acuíferos en veda hayan perdido 38 por ciento de su disponibilidad en los últimos cinco años, coinciden especialistas consultados por ETHOS.
María del Carmen Carmona Lara, ex subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), afirma que en los estados norteños las transmisiones de derechos “se cotizan a precio pollero”.
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“Normalmente son ejidatarios que quieren cruzar la frontera para emplearse como braceros y lo único que tienen es la concesión de agua de sus pozos. Allí aparecen las acaparadoras de agua y les dicen: ‘véndeme tu agua, ¿cuánto necesitas?’ Ellos piden lo que cobra el pollero, y un poco más para el viaje. El negocio es perfecto”, concluye Carmona Lara.
En México los principales acaparadores de agua son empresas y conglomerados —nacionales y extranjeros— de las industrias minera, refrequera, embotelladora, así como las dedicadas a la agroexportación y a los desarrollos inmobiliarios, explica María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.
Venta entre privados
“Según el sapo es la pedrada”, comenta vía telefónica un empleado de la oficina de Conagua en la Cuenca de Río Bravo. Se refiere a los precios por metro cúbico de agua, entre privados, en la frontera norte del país. En el área conurbada de Monterrey, el costo va desde los 10 hasta los 35 pesos, afirma.
Aunque la oferta de agua en mercadolibre.com es incipiente, pueden encontrarse avisos que solicitan entre 10 y 50 pesos por metro cúbico, con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, a 18 meses sin intereses.
La legislación vigente señala que cualquier privado que cuente con un título de concesión puede transmitir sus derechos para explotar el recurso, sin importar que esté en un acuífero vedado o con déficit.
Los especialistas consultados por ETHOS explican que los particulares no están obligados a presentar a la autoridad el monto acordado por la cesión de derechos, pero apuntan que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede regular de manera más eficiente las transacciones entre privados.
Tan solo en el primer mes del actual gobierno se inscribieron en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) 23 títulos de concesión derivados de cesiones de derechos en acuíferos declarados en veda o con déficit.
Todos estos nuevos usuarios compraron los títulos a personas físicas que originalmente destinaban los recursos a uso agrícola. En las concesiones registradas en el Repda pudo constatarse que entre los nuevos concesionarios se encuentran industrias y desarrolladoras inmobiliarias.
“Una trasmisión —de derechos— no es que estés dando un volumen de agua nuevo, sino que es un volumen que ya estaba asignado a un usuario que lo trasmite a otro… si al usuario que trasmitió le queda algo de volumen lo conserva, si no le queda nada pues ese título se extingue”, afirma Agustín Félix Villavicencio, ex subdirector general de Administración del Agua.
*Esta investigación forma parte de La corrupción en el sector agua, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños, Cuauhtémoc Osorno y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.