La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en Veracruz hay pendientes de aclarar 43 millones 844 mil 918 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
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Según la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017, se desconoce la forma en que se gastaron los recursos debido a que falta la documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones realizadas.
La muestra auditada fue de 255 millones de pesos y se encontraron recuperaciones probables por 2 millones 868 mil pesos.
Además, la auditoría encontró que el gobierno estatal no pagó 63.3 por ciento de los recursos asignados, es decir 4 millones 912 mil pesos, de los cuales se reintegraron 2 millones 44 mil pesos y están pendientes de reintegrar otros 2.8 millones por concepto de recursos no pagados.
Veracruz es uno de los estados con mayor incidencia delictiva en el país.
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Se comprobaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ya que el estado no reportó a la SHCP todos los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
"Asimismo, la información financiera del cuarto trimestre reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos correspondientes al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave careció de calidad y congruencia respecto de la información contable", señala.
El informe marca que el estado no realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad debido a que las fórmulas para repartir los recursos no se actualizan desde el ejercicio 2004 y todavía se reparten bajo el esquema de ese año, aun cuando ya no corresponden a la realidad actual.
También se detectó la falta de control en la documentación que acredita las deducciones realizadas a las participaciones federales de los municipios y la falta de pago a los municipios del 100 por ciento del ISR participable, correspondiente a sus organismos paramunicipales e intermunicipales, así como la transferencia de recursos fuera de los plazos establecidos en la normativa.
RLO