La bancada parlamentaria de Acción Nacional consideró necesario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informe a la opinión pública y al Congreso mexiquense las medidas administrativas tomadas en cada una de las 77 delegaciones, gerencias regionales, institutos y coordinaciones del gobierno federal, con presencia en el Estado de México, porque a la fecha existe total incertidumbre.
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La diputada Karla Fiesco García, puntualizó que la gente necesita tener claro que va a pasar con los recursos materiales, humanos y bienes muebles e inmuebles, luego del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo debe informar a la opinión pública, por un principio de máxima publicidad y transparencia, hasta donde llega este decreto y a quienes afecta de manera directa, así como las afectaciones a los trámites que ahí se realizaban.
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El citado acuerdo estableció que las dependencias y entidades de la administración pública federal podían contar con oficinas de representación en las entidades federativas siempre y cuando fuesen indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y que contarían con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.
Sin embargo, agregó, de acuerdo con el oficio del pasado primero de mayo, la Secretaria de Hacienda solicitó el despido de personal contratado desde el 1 de diciembre de 2018 en las delegaciones u oficinas de representación, y en el presupuesto de egresos de la federación no les asignaron recursos para este 2019.
“Existe una verdadera incertidumbre sobre la funcionalidad de las delegaciones federales. Se desconoce cuál será el destino de los edificios públicos que ocupaban las sedes de las delegaciones federales y que pasará con los recursos materiales y bienes muebles con las cuales contaban, a la fecha no se han hecho públicos los mecanismos que el gobierno federal realizará para la operación de los programas de aquellas delegaciones que dejarán de existir”, expuso la legisladora.
Una de las principales preocupaciones de la gente es saber si habrá despidos o no, de trabajadores de confianza que en su mayoría dirigen las áreas e instituciones, pues en algunas dependencias como es la PROFEPA ya hubo recortes el mes pasado.
“El cambio institucional no puede ser contrario a los derechos de acceso de los ciudadanos, ni la eliminación de los programas y servicios de cada una de las dependencias federales que benefician a los mexiquenses, y tampoco un justificante de despidos sin razón”, añadió la diputada del PAN.
Insistió que se debe clarificar bien el tema para que no se preste a malos entendidos, la gente sepa que va a pasar con su empleo y no se dejen de prestar los servicios que se tramitaban en esas áreas.
El asunto fue turnado a análisis a comisiones, para que ahí se determine si es necesario emitir un exhorto al gobierno federal en este sentido.
LC