Tras varios aplazamientos de la audiencia, finalmente este martes por la noche Jorge “N”, ex director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), y Manuel “N”, ex titular de Metrorrey, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad.
Tanto al ex titular de la AET, como al ex director de Metrorrey se les investigará por su actuación en la requisa de la Ecovía, ordenada en 2016 por el entonces gobernador Jaime “N”, también vinculado a proceso por el mismo tema.
Luego de varias horas de debate, donde ambas partes expusieron sus argumentos, la jueza de control Bárbara Melissa Gómez Ávil, determinó además imponer como medida cautelar a Manuel “N” la obligación de acudir a firmar una vez al mes.
Para Jorge “N”, la juzgadora resolvió que la medida de arraigo domiciliario ordenada el jueves de la semana pasada subsistía, por lo que no podrá abandonar su vivienda más que para atender temas legales y urgencias médicas.
Por este mismo caso, al ex gobernador le fue dictada de inicio prisión preventiva y estuvo recluido en el penal de Apodaca 2, sin embargo, ésta se cambió a arraigo domiciliario hace unas semanas, lo que permitió a Jaime “N” continuar el proceso desde su casa en el municipio de García.
En tanto, al tercer imputado por estos hechos, el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, se le definirá su situación legal el 9 de agosto, día en que se celebrará la audiencia de vinculación a proceso.
Russildi consiguió diferir su caso bajo el argumento de que su representación legal tenía covid-19, por ello el Ministerio Público solicitó reprogramar la audiencia.
Se otorgaron dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria del caso, los cuales vencen el próximo 12 de septiembre, fecha en que se procederá al desahogo de pruebas.
La semana pasada, en entrevista para Telediario con el arquitecto Benavides, el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, detalló que los empresarios transportistas que administraban la Ecovía, podrían recibir una indemnización de hasta 900 millones de pesos.
En la denuncia que dio pie a la investigación, se advierte que los empresarios afectados con la requisa nunca tuvieron la oportunidad de recuperar sus activos, ya que el entonces gobierno estatal no definió los pasos a seguir para regresarles el servicio.
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