El abogado Julio Hernández Barros presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e impugnará por la vía penal y civil la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública a Gustavo Rodríguez, ex vocero de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Hernández Barros dijo que solicitarán la intervención de la CNDH “por la persecución de que es víctima” su cliente, misma que ha dañado su imagen y es violatoria de sus derechos humanos al procederse en su contra de manera injustificada e indebida.
El ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aseguró que no hay sustento legal en la acusación de incumplimiento en la campaña publicitaria Cruzada Nacional Contra el Hambre. 2 Años Cumpliendo.
Adelantó que presentará un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por la decisión de sancionar al ex funcionario y aseguró que el ex funcionario entregó toda la documentación y evidencia física de la campaña publicitaria al órgano de control interno y a la Auditoría Superior de la Federación.
Julio Hernández rechazó cualquier responsabilidad e incumplimiento de su cliente en la campaña y aseguró que presentará una demanda penal contra quien resulte responsable por la sustracción de documentos oficiales de la Sedesol.
De acuerdo con la documentación recabada el abogado rechazó que no exista constancia de la campaña publicitaria que solicitó y pagó Sedesol durante la campaña que fue difundida en medios de comunicación en febrero de 2015.
El abogado aseguró que tienen el soporte legal para demostrar ante las autoridades que la campaña publicitaria fue autorizada por la Secretaría de Gobernación y en la cual se transmitieron más de 2 mil 600 spots de televisivos, más de 3 mil 500 spots de radio, más de mil 200 inserciones en periódicos, así como espectaculares, carteleras, banners y otros medios complementarios; además de la realización de eventos culturales y masivos.
“La propia Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Desarrollo Social ratifican la existencia de todo este material gráfico y audiovisual”, expresó Hernández Barros al precisar que en la auditoría financiera de 2015, la ASF da cuenta de que el servidor público entregó los testigos del trabajo realizado.
“Mediante acta de recepción de servicios, trabajo y/o material, se comprobó que, respecto de ambos convenios, el prestador del servicio hizo entrega a la Sedesol de los trabajos solicitados, de los que se verificó la existencia de testigos del trabajo realizados (audios, videos, etc.)”, añadió.
Julio Hernández Barrios dijo que la Sedesol respondió al Órgano Interno de Control y dejó evidencia de copias certificadas de las facturas que avalan el pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas con folios 66 28 14 16 04 881, así como del Primer Convenio Específico al Convenio General de Coordinación 110.33901.007.2015 y su anexo de ejecución celebrado el 21 de enero de 2015.
“Dando un total de 186 discos compactos y un disco duro externo de un terabyte; por lo que dicha información se pone a su disposición las oficinas que ocupa la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social”, según el oficio.
OVM