El voto de las personas en prisión preventiva durante el proceso electoral 2021-2022 para renovar la gubernatura de Hidalgo es un avance significativo hacia una democracia integral, reconoció la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, pero genera retos que deben abatirse en próximos comicios que más grupos vulnerables tengan certeza de este derecho.
Destacó que debe existir todo un sistema que de manera integral incluya a todos los grupos vulnerables, generando criterios progresivos para dar certeza del derecho al voto activo y transitar a una democracia integral, “debe existir una perspectiva intercultural, las autoridades electorales debemos promover y garantizar el derecho de representación de los grupos indígenas, convirtiéndolos en sujetos de derecho, lo cual también implica atender este derecho a las personas indígenas en situación migratoria dentro y fuera del país”.
Lo anterior ya que en Hidalgo se lleva a cabo esta actividad derivado de la temporada de pizca de algodón, cuando no sólo población indígena de entidades del centro de México se trasladan a otras ciudades del norte del territorio nacional y otros países, y el derecho al sufragio no se les garantiza por el flujo migratorio, “estas acciones abren un debate importante de cómo hacer vigente el derecho de personas indígenas, incluso en zonas urbanas, con este antecedente creo que es importante ver el contexto que estamos viviendo”.
González Morales reconoció que habrá personas que piensen que estas acciones constituyen un gasto innecesario el dar certeza del voto a las personas en prisión preventiva, pero aseguró que es un derecho humano y un elemento que conlleva la inclusión oportuna y capacidad de participación de la vida pública de la comunidad, además de que es necesaria para la construcción de una verdadera democracia inclusiva.