Recordó lo novedoso de este rubro en el proceso electoral, toda vez que el universo sin sentencia firme puede votar, derivado del derecho de presunción de inocencia, lo cual ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral (INE) y que se materializa en el Código Electoral local tras su última reforma del 31 de mayo de 2021.
Aunque el INE tiene a su cargo el modelo operativo, lineamientos y requisitos para que las personas en prisión preventiva pueda ejercer su voto, ellos tienen que solicitar su inscripción para sufragar, y pese a que no hay una lista definitiva, se requiere de la traducción e interpretación en lenguas originarias para al menos 44 personas que refieren comunicarse en náhuatl, mixe, otomí, e incluso inglés, competencia que recae en el IEEH.
Por otro lado, González Morales reconoció que al momento se cuenta con los Centros de Reinserción Social (Cereso) Pachuca, Tulancingo, Tula y Jaltocán, y se mantiene el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para atender a la población de los 13 centros en la entidad, teniendo mil 531 personas que puedan acceder a este derecho, por lo cual se puede ampliar este universo de personas que requieren de alguna traducción o interpretación de la documentación electoral en su lengua originaria.
Finalmente, adelantó las fechas en las que se prevé llevar a cabo la votación anticipada para estas personas en prisión preventiva, es decir, 16, 17 y 18 de mayo. Así, deben emitir su sufragio y enviarlo en un sobre a la autoridad electoral y serán resguardados hasta el 5 de junio; serán abiertos hasta que concluya la jornada electoral para sumarlos al conteo general del Programa de Resultados Electorales Preliminares y en la sesión de cómputo que dará validez a la elección.
Blindaje electoral
Una contienda civilizada y con menor incidencia de delitos electorales se prevé para la elección para renovar la gubernatura, señaló el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo (FEDEH), Sergio Zúñiga Hernández, esto, a través de trabajo coordinado entre diversas áreas de seguridad.
A partir del 3 de abril iniciarán los trabajos de revisión en materia de prevención de delitos electorales desde el inicio de campañas en las cuales se harán revisiones y visitas a los actos de los y la aspirante al Ejecutivo local acompañados de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y Ministerio Público para detectar posibles irregularidades en la contienda y durante la jornada electoral.
Zúñiga Hernández detalló que durante la elección para renovar los ayuntamientos en 2020, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo recibió más de 800 denuncias relacionada a algún delito electoral; mientras en la elección de 2021 se logró disminuir a poco más de 150; por ello, se espera que a través de este blindaje electoral se mitigue esta incidencia.
“Estas acciones tuvieron resultado y trabajamos en estas acciones. El blindaje electoral será intenso para frenar la comisión de delitos electorales y que haya realmente una fiesta de demo- cracia el 5 de junio", aseveró.
Refirió que entre las principales incidencias se encuentra el uso de bienes o servicios para coacción del voto, así como la condición de programas o beneficios sociales, ambas de las conductas más denunciadas, y siendo la última la más sancionada pues merece prisión preventiva oficiosa, es decir, que quien incurra en este delito estará tras las rejas en todo su proceso.
Por otro lado, el director de Prevención del Delito y Atención Ciudadana de la FEDEH, Carlos Serrano, enfatizó la importancia de informar y capacitar sobre los delitos electorales, ya que otra incidencia alta son los hechos de vandalismo, violencia, destruir o dañar material electoral; motivo por el cual se iniciaron carpetas de investigación derivadas de la elección de 2020.
Estas carpetas de investigación y el trabajo entre diversas áreas, seguimiento y la denuncia ciudadana permitió a los peritos determinar qué las boletas quemadas en 2020 fueron de la elección, y permitió llevar a la justicia penal a nueve imputados a quienes se vinculó a proceso, además de que tendrán que pagar cerca de que tendrán que pagar cerca de 200 mil pesos de multa por destruir documentos y material electoral”, manifestó.