La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una iniciativa que busca impedir que se utilicen las líneas telefónicas para cometer ilícitos como la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y otros delitos.
Hace unas semanas, el senador de Morena, Martí Batres denunció que en diciembre pasado, varios legisladores fueron extorsionados en sus oficinas.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, Xóchitl Gálvez propuso reformar la fracción II del artículo 190, así como adicionar un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer la obligación de los concesionarios de mantener el registro de comunicaciones actualizado, incluyendo las líneas de prepago.
Advirtió que actualmente “es muy fácil para el extorsionador conseguir líneas telefónicas para operar manera anónima”, porque prácticamente no se solicita ningún requisito para comprar tarjetas SIM y activarlas.
Con la iniciativa, agregó, se exigirá la información básica respecto a la persona o denominación social, identificación CURP, comprobante de domicilio y el número que permita rastrear al titular de la tarjeta SIM, sólo así podrá activarse la tarjeta.
Además, el registro contará con medidas de seguridad electrónica y físicas mucho más avanzadas, probadas y consolidadas para evitar que la información sea filtrada y comercializada.
Asimismo, se podrán aprovechar los avances tecnológicos para que los concesionarios puedan contar con información y documentación que permita tener certeza sobre quién es el usuario de cada línea telefónica.
“Estoy segura de que las empresas telefónicas van a protestar porque a ellas lo que les interesa es vender tiempo aire y teléfonos. Queremos que lo sigan haciendo”, pero con control porque “los extorsionadores que utilizan esta vía para cometer sus delitos no pueden quedar impunes”.
La iniciativa fue remitida a las comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.
Con información de Angélica Mercado
AE