La falta de asignación en el proyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados de 3 mil millones de pesos que el Poder Judicial solicitó para la tercera etapa de la reforma de justicia laboral puede traer “consecuencias serias” a México e incluso afectar la reactivación económica del país, advirtió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
“Yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos, cumplir con compromisos internacionales de México, que de no cumplirse pueden generar consecuencias muy desfavorables y está de por medio la reactivación económica”, acusó.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal llamó a los legisladores a reconsiderar la falta de asignación, pues de lo contrario se compromete y se pone en riesgo el cumplimiento de dicha reforma, que implica acortar juicios que antes duraban cuatro años y medio a cuatro meses y medio, por ejemplo, y “una justicia más cercana y de mayor calidad a millones de trabajadores”.
El cumplimiento de estos cambios no es optativo; se trata, dijo, de una obligación constitucional y de compromisos internacionales con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá; “no cumplir con ellos generaría en el plano internacional consecuencias serias”, advirtió.
El ministro Zaldívar señaló que de mantenerse esta situación y no asignarse al Poder Judicial Federal estos recursos, no “generarán ningún problema en materia de presupuesto… aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados”.
“Estos 3 mil millones de pesos adicionales, aun cuando se otorgaran al Poder Judicial significaría que estaríamos ejerciendo un gasto de 4 mil millones de pesos menos que el que se ejerció en 2018”, abundó.
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En conferencia, aclaró que no se trata de un recorte presupuestal sino de una “falta de asignación” de recursos que se solicitaron para cumplir con la tercera etapa de la reforma de justicia laboral a partir de 2022, periodo que, reconoció, “es de un costo muy elevado”, ya que implica construir 77 tribunales en 17 sedes de 11 entidades, incluidas Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Mientras, consejeros electorales aseguraron que será la Cámara de Diputados la que obstaculice la revocación de mandato por buscar “estrangular” financieramente al Instituto Nacional Electoral (INE), como un intento de “sacarle factura política” e incumpliendo con sus deberes constitucionales.
Claudia Zavala manifestó que la democracia “no es juego, tiene reglas” y se deben cumplir y que para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato con las mismas reglas de un proceso de elección debe haber suficiencia presupuestaria.
A esta postura se sumó Uuc-kib Espadas al sostener que “no se puede pretender que el INE es quien sabotea la revocación de mandato cuando al mismo tiempo se pretende bloquear financiera y operativamente a este instituto”.
Otros integrantes del Consejo General, como Ciro Murayama, se dijeron con la esperanza de que “se pueda rectificar” el recorte.
Avalado
Con 274 votos favor, 219 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general el Presupuesto de Egresos 2022 con un gasto neto de 7 billones 88 mil millones de pesos y recortes por 8 mil 38 millones a poderes y órganos autónomos.
La Mesa Directiva declaró un receso hasta las 9 de la mañana de hoy para discutir en lo particular las mil 994 reservas de los siete grupos parlamentarios.
Después de cuatro horas y media de discusión, la mayoría parlamentaria Morena-PVEM-PT consumó los recortes por 4 mil 913 millones de pesos al INE y 3 mil millones al Poder Judicial, así como la disminución de 125 millones a la propia Cámara de Diputados.
En contraste, el gasto para infraestructura ascenderá en 2022 a 640 mil millones de pesos, distribuido entre el Tren Maya (62 mil millones), la refinería de Dos Bocas (45 mil millones), el Programa Integral del Istmo de Tehuantepec (10 mil millones), el Tren Interurbano México-Toluca (7 mil millones) y el Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-Aeropuerto Felipe Ángeles (mil 658 millones).