Paralela a la gestión de Tomas Zerón al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Auditoría Superior de la Federación (AFS) reportó sólo 261 mdp en irregularidades presupuestales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El sábado pasado el fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó que Zerón durante su paso por la AIC, presuntamente, desvío de la PGR hasta mil mdp con el consentimiento de sus superiores. En la época señalada los titulares de la PGR fueron primero Jesús Murillo Karam y después Arely Gómez.
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“Los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata, por las órdenes de aprehensión que le hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores”, detalló el fiscal durante el nuevo informe sobre Ayotzinapa.
De acuerdo con Gertz Manero, esos mil mdp, que supuestamente sustrajo Zerón quien huye desde haces meses y ha sido detectado en Canadá e Israel, serían un "pago por sus infamias".
El fiscal enfatizó que supuestamente "para proteger su impunidad la institución (PGR) puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo".
En una revisión hecha por MILENIO en los ejercicios 2016 y 2017, respectivos al tiempo que Zerón estuvo en la AIC, se encontró que en la PGR hubo irregularidades en pagos por campañas de comunicación en medios, en el conteo de raciones de comida, en pagos a proveedores de computo, en indemnizaciones de distintos seguros y hasta con impresiones a gran formato.
De acuerdo con la Cuenta Pública de 2016, la ASF detectó irregularidades en “el conteo exacto” de raciones de comida, según el contrato PGR/AD/CN/SERV/020-4/2016, al señalar que “no se proporcionó la documentación que acredite el sistema de control interno que estableció el Administrador del Contrato para llevar a cabo el conteo exacto de las raciones servidas mediante el sistema de la base de datos para recibir alimentos”.
Dicho acuerdo consistía en suministrar, de forma integral a la PGR, alimentación (cocina y comedor), incluyendo desayuno, comida y cena en la modalidad de autoservicio en sitio, suministro de café, suministros ejecutivos y box lunch para alumnos, docentes e instructores, investigadores, así como personal administrativo, sustantivo y directivo que se encuentre en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial.
Ese año también detectó inconsistencias por pagos de 6 millones 301 mil 200 pesos, que fueron cargados a la partida 33605 “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”.
Esto último con base en el contrato PGR/LPN/CN/SERV/008-4/2016 para adquirir un “servicio de inserción para publicar edictos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, convocatorias, extinción de dominio y demás comunicaciones oficiales en diferentes medios impresos de comunicación que requiera la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Las problemáticas detectadas señalan que la PGR no verificó la existencia de un contrato abierto o plurianual de estos servicios, antes de realizar la solicitud del procedimiento de adquisición de los mismos, que el portal CompraNet -sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas- "indicó que se obtuvieron dos propuestas económicas; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental de las mismas”.
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Mientras que, en la Cuenta Pública de 2017, las ASF documentó dos casos de irregularidades de la PGR relacionadas con el mantenimiento a vehículos blindados de la dependencia.
El primer caso, debido a que se ejecutaron los contratos PGR/AD/CN/SERV/040-12/2016 y PGR/AD/CN/SERV/041-12/2016 para “servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular blindado propiedad y en uso de la PGR”, sin verificar la empresa contratada contara con el personal suficiente para cumplir con el acuerdo.
“La empresa adjudicada manifestó no contar con trabajadores contratados directamente, y presentó un contrato de outsourcing para la contratación de personal con otra empresa, la que asumió la responsabilidad de patrón en materia de seguridad social para los trabajadores contratados, la cual acreditó haber cumplido con sus obligaciones fiscales en la materia”, señala la auditoría.
Lo cual incumplió con lo establecido en ambos contratos, toda vez que manifestó ““que reúne la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como la organización administrativa y recursos técnicos suficientes para obligarse, en los términos pactados en el presente contrato, la cual podrá ser verificada”.
En tanto, la segunda irregularidad gira en torno a la autorización de pagos por 25 mil 700, 33 mil 600 y 20 mil 900 pesos para vehículos blindados, con base al contrato PGR/LPN/CN/SERV/006-2/2016, siendo que, por el tipo de vehículo, los servicios no formaban parte de dicho contrato, luego de que la dependencia ya contaba con el acuerdo PGR/AD/CN/SERV/011-1/2016 destinado para el tratamiento del parque vehicular blindado.
FS