En lo que va del 2021 la Procuraduría de Protección Estatal de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes ha recibido 220 denuncias por vulneración a menores siendo las principales por maltrato y violencia familiar. De este total de casos, en por lo menos 30 ha intervenido el Cuerpo Especializado de Seguridad de las Fuerzas (FSPE) que entró en funciones desde marzo del 2021.
“En este año hemos recibido 220 denuncias, de las cuales han intervenido el cuerpo especializado en 30 porque ellos llegaron en marzo” comentó María Teresa Palomino, titular de la procuraduría.
“Con la pandemia se incrementó el maltrato hacia los niños, la convivencia fue muy estrecha y hay mucha violencia familiar, porque no son sólo golpes hay violencia psicológica aparte de la física y debemos ser muy cuidadosos para proteger la salud emocional de los niños” Explicó
Se trata de 24 elementos con formación en Derecho, Psicología o bien carreras afines y con la plena formación y habilidades como Policías Estatales de las FSPE. Además preparados para operar temas del orden jurídico como el Sistema Procesal Penal y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
“El trabajo principal de este cuerpo es ayudar a la procuraduría en la investigación de posibles vulneraciones de derechos, es decir cuando llega una denuncia a la institución nosotros debemos activar con ellos el primer contacto en el domicilio donde se encuentre la posible vulneración de los derechos” agregó.
Cabe destacar que no en todos los casos la intervención llevó a la separación de los padres, pues se busca que estos no se vean segregados de su nucleó familiar. El Protocolo de actuación inicia una vez realizada la denuncia al número 473-112 20 00, si se comprueba que hay una vulneración de los derechos se notifica a la subprocuraduría de medidas de protección que acuden para llevar a cabo una intervención.
Las intervenciones implican proteger al niño, si hay una violación grave en ese momento se retiran los niños para detener las vulneraciones, posteriormente se revisa la situación económica laboral psicológica y jurídica de la familia, para en su caso darles herramientas y canalizarlos a instituciones que les ayuden, dictando además un plan de restitución del niño sin que necesariamente esto implique que pierdan la patria potestad del niño.
SEMY